La empresa Red Aeroportuaria Austral presentó ante el Panel Técnico de Concesiones un escrito de discrepancia en el que acusó al Estado de haber alterado gravemente el equilibrio económico-financiero del contrato que le permite operar el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas (PUQ) y el Aeródromo Balmaceda (BBA).
La compañía pidió al panel que declare la existencia de un desequilibrio contractual y recomiende mecanismos para restablecer la viabilidad económica de la concesión, e incluso planteó como escenario extremo el término anticipado del contrato.
El escrito identificó dos causas del desequilibrio: los efectos de la pandemia de Covid-19 y la expansión del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales (PNT), que pasó de registrar cerca de 13.000 pasajeros embarcados anuales en 2019 a proyectar 156.000 en 2025, un aumento de 1.503%.
La concesionaria apuntó a que ese crecimiento lo impulsaron inversiones estatales como la habilitación de una planta de combustible y la declaración de Torres del Paine como Zona de Interés Turístico.
También cuestionó que el Estado impulse actualmente el proyecto "PNT 2030", que contempla una inversión de US$78,7 millones para ampliar el aeródromo, pese a que durante la licitación el propio Ministerio de Obras Públicas indicó que "no existía un plan de desarrollo de dicho terminal en el corto plazo".
Mientras Puerto Natales multiplicó su tráfico, Punta Arenas solo recuperó el 71% de sus pasajeros respecto de 2019, de acuerdo con las cifras disponibles al mes de septiembre de 2025.
Ese rezago impidió alcanzar el umbral de 600.000 pasajeros anuales que activa el mecanismo contractual para ejecutar las obras de ampliación del terminal, postergando inversiones y retrasando los subsidios estatales asociados.
Como escenario subsidiario, la empresa solicitó que, si no fuera posible reestructurar el contrato, el Panel recomiende al MOP su término anticipado con el pago de las indemnizaciones que correspondan conforme a la Ley de Concesiones.
