Frente a la expansión de los pagos digitales y el incremento de los delitos financieros, la regulación antifraude en Chile ha quedado rezagada. Así lo plantearon tanto Vicente Cruz, CEO de Sheriff, como Víctor Andrade, Legal Director en Data, Innovation y Finance Regulation de Kennedys Law Chile, en conversación con Chócale.
Ambos coincidieron en que el país enfrenta un marco normativo atrasado que representa un riesgo para personas y empresas.“Tenemos una regulación que está bastante desactualizada con respecto a los tiempos que corren”, afirmó Cruz.
“Hace 15 años funcionaba, pero hoy en día, que hay medios de pago cada vez más digitalizados, hay que lograr que haya un registro que englobe todas las causas de fraude para que cualquier persona pueda acceder a esa información y prevenir los fraudes a tiempo”, añadió.
Según Andrade, el sistema permanece en una etapa intermedia, con disposiciones poco claras y sin respuestas consistentes para las personas “Estamos en una adolescencia, en el sentido de que queremos probar todo, pero nadie le responde a los usuarios y ahora los usuarios nos quieren defraudar a nosotros. Ambos extremos son malos”, sostuvo.
Las falencias del sistema y el rol del legislador
Ambos ejecutivos coincidieron en que las deficiencias del marco regulatorio podrían superarse con mayor conocimiento por parte de los legisladores y con colaboración del sector privado. “El problema que tiene el legislador es que nunca lo han defraudado", aseguró el CEO de Sheriff.
"La colaboración privada es la que permite, acercándose al legislador, dar ciertas luces de cómo puede detectar fraude, porque todos los fraudes están en un patrón”, agregó.
Andrade, en tanto, subrayó la necesidad de considerar a los afectados. “Esto es un tema de empatía regulatoria. Cuando mejor vemos resultados es cuando el legislador es empático en cuanto a lo que implica ser defraudado”, indicó, advirtiendo que muchos adultos mayores aún perciben la tecnología como una amenaza en lugar de una herramienta de protección.
Según plantearon, el diseño actual obliga a las víctimas a presentar denuncias únicamente para evitar cobros, sin que exista una investigación de fondo sobre el delito “El sistema pide hacer una denuncia solo para el hecho de que el banco no me cobre, ni siquiera para seguir esa denuncia. No tiene mucho sentido”, criticó Andrade.
Fraudes más allá de las tarjetas
Los expertos destacaron que la percepción sobre los delitos financieros también requiere un cambio cultural. En este sentido, Cruz enfatizó que no se trata solo de clonaciones de tarjetas y explicó que “el 72,9% de los fraudes que se han cometido durante el 2025 han sido fraudes de estafa y defraudaciones contra particulares, que son aquellos fraudes que atentan contra el patrimonio de una empresa o persona”.
El ejecutivo de Kennedys Law Chile añadió que la trazabilidad de estas infracciones suele parecer evidente una vez consumados, pero que el verdadero desafío está en anticiparse.
"Siempre es evidente ex post, justamente porque no nos lo tomamos en serio. El tema es cómo nos adelantamos a esto y que nos haga sentido que hay patrones, que hay actividades antes que ocurra ese perjuicio”, reflexionó.
Para ambos, avanzar hacia una regulación más eficaz requiere voluntad política, uso inteligente de la información y comprensión de los patrones que se repiten en los delitos. "La data permite identificar a personas. Los datos son muy útiles en la medida que entendamos que los humanos nos reflejamos a través de conductas y para saber por qué ocurren las conductas", concluyó Andrade.
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