En un esfuerzo por fortalecer el ecosistema emprendedor y facilitar la recuperación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) en Chile, la Ley de Insolvencia N.º 21.563, implementada desde agosto de 2023, ha introducido dos nuevos procedimientos especializados.
Estos procedimientos, administrados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), ofrecen soluciones legales adaptadas para enfrentar situaciones de endeudamiento y dificultades económicas que afectan a estas empresas, consideradas fundamentales para la generación de empleo a nivel nacional.
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Reorganización Simplificada
La Reorganización Simplificada, un proceso judicial que puede durar hasta 4 meses, permite a las empresas reestructurar activos y pasivos mediante acuerdos con sus acreedores en que se pueden establecer nuevos plazos de pago, nuevas tasas de interés, posibles remisiones de deudas o modificación de ciertas obligaciones.
En este proceso interviene un veedor, que es una persona natural sujeta a la fiscalización de la Superir y que tiene entre sus funciones facilitar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, además de asistir a la empresa en la elaboración de su propuesta de acuerdo.
Una de las ventajas clave de este procedimiento es la protección financiera, que protege al deudor de juicios ejecutivos o iniciativas de liquidación durante el proceso. Los contratos vigentes de la empresa también se mantienen durante esta fase, proporcionando estabilidad operativa mientras se resuelven las dificultades financieras.
Liquidación Simplificada
Por otro lado, la Liquidación Simplificada, que también es un procedimiento judicial, tiene por objetivo la venta rápida y eficiente de los bienes de la empresa para pagar a sus acreedores y está supervisada por un liquidador concursal.
Se solicita en tribunales, por lo que se debe contar con un abogado particular o un abogado designado por la Corporación de Asistencia Judicial respectiva. Este proceso, que antes solía durar entre 2 y 4 años, ahora se ha reducido a un período de 4 a 8 meses desde la implementación de la nueva ley.
Cabe recordar que las microempresas, son aquellas cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2.400 UF y que tuvieren contratados de 1 a 9 trabajadores; y en el caso de las pequeñas empresas, aquellas con ingresos anuales superiores a las 2.400 UF, pero inferiores a 25.000 UF, y un personal contratado superior a 10 e inferior a 49 trabajadores.
Hugo Sánchez Ramírez, Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, destacó la importancia de estos procedimientos como pilares esenciales de una economía moderna y competitiva.
"Permiten disminuir la incertidumbre y riesgos asociados para deudores y acreedores, generando dinámicas positivas en las cuales un emprendimiento fallido constituye una oportunidad de aprendizaje y mejora", señaló.
Para obtener más información sobre estos procedimientos concursales y sus efectos, el Superir habilitó la página web tenlaclara.cl, donde se detallan los requisitos, documentos y etapas de cada proceso.
