Andrés Herrera, director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), presentó ante la Comisión de Economía del Senado su respaldo al proyecto de ley que propone la implementación de un cargador universal para distintos tipos de dispositivos tecnológicos, como por ejemplo celulares, tablets, entre otros.
La autoridad del ente fiscalizador asistió a la Comisión para entregar la visión institucional sobre las implicancias de esta iniciativa en los consumidores. Además, Herrera valoró la propuesta de ley, porque refuerza el derecho a libre elección de bienes y servicios junto al cuidado del medio ambiente.
“Este proyecto va en la línea con la regulación internacional en esta materia, e implica una simplificación en el uso de los equipos y dispositivos electrónicos, contribuyendo a reducir residuos tecnológicos y a disminuir costos innecesarios”, comentó Andrés Herrera.
A su vez, el director del SERNAC planteó la necesidad de abordar a futuro la estandarización de otros tipos de cargas. Dentro de estos tipos se encuentran aquellas inalámbricas que se pueden llevar a cabo a través de tecnología NFC (Near Field Communication).
Lo que señala el proyecto de ley para el uso de cargador universal
Esta iniciativa establece que los aparatos tecnológicos deberán garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga. De esta forma, se busca que los distintos dispositivos, como por ejemplo celulares, puedan adaptarse a un puerto de carga único.
Para Andrés Herrera, es importante explicitar en el proyecto de ley algunas disposiciones, las cuales guardan relación al indicar que los accesorios o dispositivos de carga son bienes durables, lo que implicará que las empresas deberán informar su durabilidad.
La propuesta de ley instaura como obligatorio el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y calidad de los productos electrónicos por parte de dispositivos móviles de telecomunicaciones e información. Esta certificación se encuentra regulada en el reglamento para la certificación de productos eléctricos y combustibles.
En caso de aprobarse esta normativa, las empresas incumplidoras estarán expuestas a multas de hasta 300 UTM (aproximadamente $19.500.000) por cada infracción cometida.
