Con una mayoría de 126 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento, enfrentar el fraude bancario e incentivar el uso responsable de los medios de pago.
Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el proyecto “no busca resolver todos los problemas económicos de las familias en el país, sino que se centra en temas de carácter financiero”.
La ley, que pasó por un largo proceso de perfeccionamiento en el Senado recibiendo más de 50 indicaciones, se enfoca en mejorar el acceso al crédito, ofrecer facilidades para refinanciar deudas existentes, reducir el impuesto de timbres y estampillas para la compra de viviendas, y fortalecer la regulación contra los fraudes bancarios.
Modificación Fogaes y regulación del pago mínimo de tarjetas de crédito
Entre las medidas destacadas de la ley, se encuentra la modificación de los programas del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para la construcción y vivienda, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
“La combinación de la garantía de Fogaes de 10%, más la reducción del impuesto de timbres y estampillas, significará un crédito hipotecario más barato (..) en un momento que incluso llegamos a tener este mercado prácticamente paralizado”, indicó Marcel
Otro aspecto relevante de la ley es la transferencia a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de la facultad de regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito, para evitar que los consumidores enfrenten costos inesperados al abonar montos mínimos.
Adicionalmente, se introduce un programa de garantías dentro de Fogaes para el refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales, apuntando a aliviar la carga financiera de sectores medios y microempresas.
Ley de Fraudes: Nuevo mecanismo de suspensión de reembolso
La normativa también incorpora mejoras a la Ley 20.009 para combatir el alza de los llamados autofrades, incluyendo la creación de un nuevo mecanismo de suspensión de reembolso para transacciones desconocidas, siempre que haya indicios de dolo o culpa grave por parte del usuario.
Esta disposición busca especialmente proteger a instituciones como BancoEstado, que ha sido particularmente afectada por estos delitos. “Tiene graves consecuencias para BancoEstado y a través de este sobre el fisco, porque es el mayor emisor de tarjetas en Chile y, por lo tanto, el mayor número de casos de abusos de estas características están ocurriendo con tarjetas de esa institución”, indicó el titular de la cartera.
Marcel destacó que el proyecto no retorna al escenario previo a la Ley 20.009, ya que mantiene el peso de la prueba en el emisor, estableciendo una serie de ajustes en las regulaciones e introduciendo un catálogo de casos de autofraude que permiten interrumpir la devolución de los fondos.
“Solo para ejemplificar: entre el catálogo de presunciones de dolo o culpa grave está, por ejemplo, si la operación desconocida ha sido realizada entre cuentas de la misma persona”, finalizó el ministro de Hacienda.
