En mayo de 2020 entró en vigencia la Ley 21.234, sobre la limitación de responsabilidad en casos de extravío, hurto, robo o fraude en medios de pago, más conocida como “Ley de Fraudes”. Esta reforma, lejos de ser una mera norma, ha desencadenado una serie de consecuencias cuyas graves repercusiones han ido en aumento con el paso de los años.
La ley establece que los clientes tienen 30 días de plazo para identificar y reclamar las operaciones que se hayan realizado sin su consentimiento —como transferencias, giros desde cajeros y compras con tarjetas, entre otros—, solicitud que puede incluir transacciones hasta 120 días previos a la fecha de aviso de fraude. Tras ello, las instituciones financieras tienen 5 días hábiles para devolver o anular el monto defraudado, en caso de montos hasta 35 UF. Por sobre esa cantidad, existen 7 días hábiles más para cancelar o restituir los fondos.
Si la entidad financiera tiene antecedentes que acrediten dolo o culpa grave del usuario, puede ejercer acciones legales contra el cliente, y solo en caso de sentencia, se podría anular la devolución. En la práctica, esto ha generado un incentivo perverso para que personas aprovechen la ley para abrir cuentas o tarjetas, abonar un cierto monto de dinero, girarlo o realizar compras, para luego desconocer las transacciones y pedir la devolución del dinero.
Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) advierten que esta disposición se desvía de la práctica común nivel internacional, creando una anomalía en el marco normativo del país. De hecho, en un informe el gremio recordó que junto a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Banco Central habían advertido sobre los riesgos potenciales durante la tramitación de la ley.
Las consecuencias están quedando a la vista y las cifras del sector son alarmantes: un aumento sostenido en el número y montos de operaciones desconocidas por los clientes bancarios, que podrían superar los US$350 millones en 2023.
Además, durante el primer semestre de 2023 registraron 250 mil clientes denunciando fraudes, un incremento del 130% respecto al mismo periodo del año anterior.
Bancos advierten de organizaciones delictuales cometiendo “auto fraudes”
Un aspecto particularmente preocupante es el surgimiento de organizaciones dedicadas al auto fraude, fomentando esta actividad ilegal a través de las redes sociales, plataformas donde se invitan a personas a participar en este tipo de ilícitos.
Este fenómeno ha escalado a niveles que comprometen incluso la seguridad de funcionarios de las mismas entidades financieras. “Este mal diseño ha llevado incluso a comprometer la seguridad física en las sucursales, con amenazas de las bandas delictuales a los funcionarios bancarios ante el cierre o bloqueo de cuentas empleadas para cometer auto fraude”, indicaron desde la ABIF.
Este escenario contrasta marcadamente con la situación en territorios como España, Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido.
En estos países, la legislación establece una clara responsabilidad del banco y los clientes en el uso de medios de pago, permitiendo al emisor demostrar la responsabilidad del cliente en caso de autenticación correcta de una operación, un enfoque conocido como “autenticación reforzada”.
En respuesta a esta crisis, el gobierno envió un proyecto de ley al Congreso que propone algunos cambios. Sin embargo, la ABIF señaló que “estas modificaciones no corrigen los problemas estructurales de una mala ley. El proyecto no cambia el estándar probatorio, aun cuando la Corte Suprema destacó en su informe a este proyecto de ley que la mantención del estándar probatorio es contradictoria con los fundamentos del propio proyecto”.
