☝️El Índice de la Semana #14: ¿Qué pasa si la deuda pública de Chile supera el 45% del PIB?

En el Monopoly, cuando a un jugador no le alcanza el efectivo para pagar, puede hipotecar sus propiedades al banco y seguir en la partida.

El alivio dura poco: para recuperarlas tiene que devolver lo que recibió más un 10% de interés, y si las deudas siguen creciendo, termina fuera del juego.

Las finanzas de un país no se juegan en un tablero, pero la lógica tiene algo parecido. Cuando la deuda crece más rápido que los ingresos, una parte cada vez mayor de la plata se destina a pagar intereses y queda menos para todo lo demás. En Chile, ese indicador acaba de marcar una cifra que encendió las alertas.

La deuda bruta del Gobierno Central llegó a 44,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en septiembre, equivalente a $160 billones, según el último Informe de Ejecución Presupuestaria de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El número quedó a solo tres décimas del 45% que la regla fiscal define como nivel prudente, el techo que el país se fijó para que el pago de sus compromisos financieros no se vuelva inmanejable.

El salto fue de 1,7 puntos en solo tres meses, desde el 43% de junio. En pesos, la deuda creció $8,1 billones en el trimestre: $5,3 billones correspondieron a nuevas emisiones, descontados los vencimientos pagados, y otros $2,5 billones del alza del dólar, que pasó de $922 a $970. El resto corresponde al reajuste de la UF. Según la Dipres, el efecto del dólar equivale a cerca de 0,7 puntos del PIB.

En su escenario base, el organismo proyecta que la deuda se mantendrá bajo el 45% hasta 2031, con un máximo de 44% del PIB entre 2029 y 2030. El Consejo Fiscal Autónomo es menos optimista y advierte que la deuda superaría el 45% en 2029.

¿Qué es la regla fiscal y de dónde sale el 45%?

Desde 2001, el gasto del fisco se guía por el balance estructural. La idea es que el Estado gaste según lo que debería recaudar en un año normal, sin dejarse llevar por los ciclos de la economía ni por alza puntuales del cobre.

"Se busca que los ingresos excepcionales no se gasten, y con ese ahorro se financie un déficit en años donde los ingresos sean menores a los de tendencia", resume Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes.

"Cuando había una recesión, el gasto de gobierno bajaba junto a los ingresos, por la menor base sobre la cual se podía recaudar, lo que amplificaba la recesión inicial", explica Gustavo González, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica (UC).

Esa regla mira un año a la vez y por eso no basta para vigilar cuánto debe el país. "El balance estructural era un indicador sobre el flujo, o sea, sobre el estado de las cuentas en un año específico. No tenía un registro de la historia", explica Juan Pablo Medina, ex integrante del Consejo Fiscal Asesor y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Como después de 2009 hubo largos períodos de déficit estructural, la deuda se fue acumulando y se sumó una segunda regla: el nivel prudente de deuda.

El 45% surgió de estudios que Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo encargaron entre 2021 y 2022, explica Medina. La cifra busca identificar un nivel de endeudamiento a partir del cual aumentan los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

"El 45% del PIB corresponde al número umbral que se obtiene con los parámetros típicos de los últimos 10 años para la economía chilena", dice González.

Román lo baja a una cuenta simple. Los ingresos fiscales rondan el 25% del PIB. Si el país debe el 45% del PIB a una tasa de, supongamos, 5%, paga intereses por cerca de 2,25% del PIB, equivalentes a un 9% de sus ingresos fiscales.

¿Qué pasa si Chile supera el 45%?

En lo formal, nada se gatilla. "No hay ninguna cláusula automática que diga que cada vez que pase esto el gobierno tiene que hacer un ajuste de 2% del PIB. No hay una medida mecánica ni automática: es meramente discrecional", explica Medina.

El Gobierno sí tendría que explicar ante el país y el Congreso las razones por las que superó ese nivel, dice el académico de la UAI.

El principal riesgo estaría en la percepción de quienes financian al país. "Pasar ese umbral sería considerado por evaluadoras de riesgo, analistas y prestamistas como imprudente. El efecto sería limitar el acceso al crédito y aumentar las tasas de financiamiento", advierte Román.

González agrega que eso "podría redundar en rebajas de calificación crediticia y un costo más alto del crédito para el gobierno y privados".

Por ahora, las clasificadoras de riesgo —agencias que evalúan la capacidad de pago de los países y cuyas notas influyen en las tasas de financiamiento— mantienen sus evaluaciones sobre Chile sin cambios.

S&P, Moody's y Fitch ratificaron entre septiembre y octubre la nota de Chile, con perspectiva estable, y Fitch destaca que la deuda chilena está 17,3 puntos bajo la mediana de 59% del PIB de los países con su misma categoría.

Cómo se compara Chile con otros países

Frente a otros países, la deuda chilena se ve moderada, pero un mismo nivel de deuda pesa distinto en cada país. Estados Unidos y Japón deben mucho más y nadie duda de su capacidad de pago, mientras que algunos emergentes han caído en default con deudas del 65% del PIB.

"Así como hay gente intolerante a la lactosa, hay países que son intolerantes a la deuda pública", grafica Medina.

"Un país que crece más rápido puede sostener un nivel de deuda sobre PIB mayor, ya que el mayor crecimiento le genera entradas tributarias suficientes para pagar a tiempo los cargos por intereses", explica González. Lo mismo ocurre con los países que se endeudan a tasas más bajas.

Por eso importa con quién se compara Chile. Román propone mirar a países que se financian en el exterior, con monedas que no son referentes mundiales y dependientes de materias primas. "En otras palabras, países en vías de desarrollo de América o Asia", precisa.

"Si cualquiera de estos inconvenientes se puede subsanar, un endeudamiento alto no sería tan complejo como lo sería para Chile", agrega.

Medina reconoce que no hay un país exactamente comparable. "Uno toma algún promedio: un poquito de Malasia, un poquito de países latinoamericanos, un poco de países nórdicos", explica.

Las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran esa diferencia. Brasil cerraría 2026 con una deuda equivalente al 97% del PIB, mientras que en Colombia llegaría al 59,5% y en Malasia al 69,2%. El promedio de los países emergentes alcanzaría el 76,2%.

Por eso Medina cree que el 45% puede ser una referencia demasiado exigente y que lo central es frenar el alza. "Quizás el mensaje principal es que lo importante era aplanar la trayectoria de la deuda", señala.

Cómo afecta la deuda a las personas

El ex integrante del Consejo Fiscal Asesor lo compara con el presupuesto de una familia. "Si una familia está muy endeudada, parte de sus ingresos mensuales se va en pagar los intereses de la deuda que adquirió", explica.

Con un país ocurre algo similar: mientras más recursos destina a pagar intereses, menos disponibilidad tiene para financiar áreas como salud, educación o vivienda.

Ese costo ya se nota. En 2025, el fisco pagó US$4.886 millones en intereses, equivalentes a 1,2% del PIB, el nivel más alto desde 1992, y ese pago tiene prioridad. "

"La parte financiera es lo primero que uno tiene que pagar, porque no quiere que el país caiga en default", dice Medina.

El impacto también puede llegar al bolsillo. Si la deuda sigue aumentando y las clasificadoras rebajan la nota crediticia de Chile, el financiamiento podría encarecerse tanto para el Gobierno como para las empresas y las personas.

La presión irá en aumento, porque el envejecimiento de la población exigirá más gasto en salud. Por eso, Medina insiste en que cada promesa del Estado debe tener cómo financiarse.

"Si uno dice 'vamos a financiar la educación superior de aquí hasta el infinito', es importante que estén los recursos fiscales para cumplir ese compromiso", plantea.

El académico recuerda que "el Estado dura más que un gobierno" y plantea que una de las claves está en contar con un plan fiscal de varios años y un Congreso más involucrado en la responsabilidad fiscal.

"Que eso no sea solamente cosa de un gobierno, sino algo que perdure en el tiempo, independiente del color político del gobierno de turno", concluye.