El exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, advirtió que el contrabando de cigarrillos dejó de ser un problema aislado y pasó a ser una línea de negocio de organizaciones criminales.
En conversación con Chócale en Buenos Aires, durante un encuentro organizado por Philip Morris International (PMI), dijo que el consumo de cigarrillos ilícitos pasó de cerca de 20% en 2019 a 57% hoy.
Abogado y militante de Renovación Nacional (RN), Galli ocupó la Subsecretaría del Interior entre enero de 2020 y marzo de 2022, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Previamente, lideró la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.
Galli explicó que durante el panel en el que participó surgió el concepto de “convergencia delictual”: los grupos criminales funcionan como “verdaderas empresas ilícitas, y como buenos negocios buscan oportunidades de negocio”. Según dijo, el contrabando de cigarrillos resultó tan rentable que sus utilidades compiten con las de la droga.
"Una de las oportunidades de negocio que se han demostrado más lucrativas, incluso competitivas en términos de sus utilidades con la droga, es el negocio del contrabando de cigarrillos"
Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior
El exsubsecretario enumeró tres efectos. El primero es fiscal, ya que el cigarrillo ilícito no paga impuestos. Posteriormente, mencionó el sanitario y el de seguridad, porque ese dinero financia otros delitos, sobre todo en el norte y en las zonas urbanas.
¿Por qué creció el contrabando?
Galli apuntó primero al precio. Afirmó que “el cigarrillo tiene un impuesto que ronda al 60%”, por lo que el producto de contrabando siempre resulta más barato.
A eso sumó dos factores posteriores al estallido social y a la pandemia. Uno fue la legitimación de la informalidad, que según él va más allá de los cigarrillos e incluye el comercio callejero y el empleo informal.
El otro fue el aumento del tránsito irregular por la frontera norte a raíz de la crisis venezolana. Sostuvo que cerca de 7 millones de venezolanos salieron de su país entre 2015 y 2020 y que usaron las rutas de antiguos contrabandistas y narcotraficantes, lo que las consolidó.
El exsubsecretario valoró que el gobierno del expresidente Gabriel Boric asumiera el tema de seguridad tras “una partida en falso” y dijo que la actual administración mantiene el esfuerzo. Advirtió, sin embargo, que el control de fronteras no basta. “El chofer del camión que traslada la mercancía es el último eslabón de la cadena”, señaló.
Para Galli, el foco debe estar en “los intereses económicos que están detrás, que muchas veces convergen con otros intereses como el narcotráfico y la extorsión”. Recordó bullados casos del último tiempo, donde han estado involucrados trabajadores bancarios, casas de cambio y el uso criptomonedas, y planteó que el sistema financiero es el canal por el que estas organizaciones reparten sus utilidades.
Lo que hay que mirar (y lo que se debe evitar)
Sobre el proyecto de inteligencia financiera, Galli rechazó que la discusión se reduzca al secreto bancario. Afirmó que “el secreto bancario debe ser levantado cuando es necesario” y que hay que fijar filtros para evitar abusos.
Para el abogado, la diferencia es menos ideológica de lo que parece: “lo que falta es diálogo político, mucho más que diferencia ideológica”.
Entre los errores, Galli mencionó la prohibición como respuesta. Dijo que “la fórmula populista de la prohibición es una mala idea” y puso como ejemplo a Brasil, donde el PCC (carcasa de carga personal, por sus siglas en inglés) terminó dominando el mercado de vapeadores, y a México, donde el mercado es “totalmente informal”.
En la vereda opuesta, mencionó como un caso positivo a Italia, que organizó su Estado para reunir información completa, desde los mercados financieros hasta los municipios, con una dirección de inteligencia antimafia. Pero -agregó- que esos organismos también necesitan controles para que su información no se use con fines de intervención electoral.
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