Chile cuenta con una base relevante de políticas públicas para responder al envejecimiento de la población.
Sin embargo, el aumento de la longevidad plantea el desafío de ampliar estas respuestas hacia la prevención, la autonomía y el acompañamiento de las personas durante vidas cada vez más largas.
Esa es una de las principales conclusiones del estudio 'Longevidad en Chile: Brechas y oportunidades para una acción intersectorial en políticas públicas', desarrollado por el Centro UC Estudios en Vejez y Envejecimiento e ILC.
La investigación comenzó con una revisión de 814 iniciativas públicas. De ellas, 82 fueron seleccionadas por su incidencia en el envejecimiento y la longevidad.
Luego de agrupar las iniciativas asociadas a las Garantías Explícitas en Salud (GES) para evitar su sobrerrepresentación, el análisis se concentró en 53 iniciativas, agrupadas en nueve dimensiones relacionadas con vivir más años con autonomía y bienestar.
Salud y seguridad económica concentran la respuesta
El estudio muestra que la respuesta pública se ha desarrollado de manera desigual. El 79,2% de las iniciativas analizadas se concentra en cuatro ámbitos: salud y funcionalidad; seguridad económica; dependencia, apoyos y cuidados; y entorno, vivienda y accesibilidad.
Las otras cinco dimensiones —trabajo, educación, participación, protección de derechos e inclusión digital— reúnen el 20,8% restante.
La concentración también se observa en los recursos. Salud y seguridad económica reúnen cerca del 55% del presupuesto identificado, principalmente por el peso de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y las GES.
Según el estudio, ambas políticas constituyen pilares de protección sobre los cuales Chile puede seguir construyendo una respuesta más amplia frente a la longevidad.
Otro de los hallazgos apunta al tipo de instrumentos utilizados. El 77,4% corresponde a mecanismos de provisión o garantía directa, como prestaciones, servicios, transferencias, subsidios o garantías.
En cuanto a la población objetivo, la distribución aparece más equilibrada: el 52,8% de las iniciativas reconoce directamente a las personas mayores, mientras que el 47,2% corresponde a políticas generales que inciden de manera importante en la forma en que envejecemos.
Trabajo, educación e inclusión digital concentran mayores brechas
La investigación también identifica un menor desarrollo de algunas dimensiones. En trabajo, de 24 iniciativas comparables, solo una considera explícitamente las trayectorias laborales en edades avanzadas.
En inclusión digital, se identificaron nueve iniciativas, pero ninguna incorporó a las personas mayores o el envejecimiento como componente principal o secundario.
En educación, de 84 iniciativas comparables, solo dos fueron incorporadas como principales y otras dos como secundarias.
"La conclusión relevante es que Chile no parte de cero. Durante las últimas décadas se han construido pilares de protección que es necesario mantener y fortalecer", señaló Valentina Jorquera, investigadora responsable del estudio y representante del Centro UC Estudios en Vejez y Envejecimiento.
"Pero una sociedad que vive más necesita ampliar esa mirada: no solo responder cuando las necesidades aparecen, sino también anticiparnos y prevenir", añadió.
El desafío: pasar de responder a anticiparse
El estudio plantea que el desafío no consiste en reemplazar las políticas existentes ni en crear un programa especializado para cada dimensión. La propuesta apunta a mantener y fortalecer la protección alcanzada y ampliar su horizonte para acompañar todo el proceso de envejecimiento.
Entre las orientaciones se incluye fortalecer la prevención y actuar antes de que las necesidades estén plenamente instaladas. También propone incorporar una perspectiva de longevidad en las políticas generales y revisar cómo sistemas como salud, trabajo, educación, vivienda o tecnología responden a trayectorias de vida más largas.
Además, plantea fortalecer la coordinación entre organismos y organizar las respuestas en torno a las trayectorias de las personas, considerando la interrelación entre necesidades como salud, cuidados, vivienda, trabajo y movilidad.
“Vivir más es una buena noticia, pero nos obliga a revisar sistemas diseñados para otra realidad demográfica. Este estudio aporta evidencia concreta sobre las brechas y oportunidades para actuar”, sostuvo Pablo González, gerente general de ILC.
El informe señala que la nueva Ley Integral de las Personas Mayores y el mandato de elaborar una Política Nacional de Envejecimiento representan una oportunidad para avanzar hacia una arquitectura pública más preventiva, articulada y adaptada a vidas cada vez más largas.
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