La Sala del Senado inició este miércoles la discusión y votación en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, también conocida como "Ley Miscelánea" o "Ley Ómnibus".
En las primeras votaciones, los senadores aprobaron por unanimidad el artículo 1 de la iniciativa, que eleva el Fondo de Reconstrucción desde $800.000 millones a $1.200.000 millones y amplía su cobertura para incluir los incendios ocurridos en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.
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La discusión estuvo marcada por diferencias respecto del impacto económico de la iniciativa, especialmente en torno a las medidas tributarias, el crecimiento económico y el financiamiento del plan.
En ese contexto, la senadora Yasna Provoste (DC) afirmó que "el problema es que nos piden que apoyemos una promesa sin mostrarnos cómo vamos a lograrlo". Por su parte, el senador Javier Macaya (UDI) señaló que "se está votando si Chile vuelve a confiar en su capacidad de levantarse después de años de mediocridad económica".
A su vez, el senador Matías Walker (Demócratas) sostuvo que "hoy ha sido la extrema izquierda la que ha querido ir en contra de cualquier intento en esta materia". En tanto, el senador Iván Moreira (UDI) aseguró que "los grandes partidos se ganan por 1-0 y eso vamos a hacer hoy con el compromiso de todos nuestros parlamentarios".
La iniciativa llegó a la Sala luego de que las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda concluyeran el análisis de las indicaciones presentadas. De ser aprobada por el Senado, continuará su tramitación en la Cámara de Diputados, donde deberá cumplir su tercer trámite constitucional.
El proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social fue ingresado por el Ejecutivo y aprobado en general por el Senado el pasado 25 de junio. La iniciativa busca acelerar la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios forestales, fortalecer el empleo formal y recuperar el crecimiento económico.
La propuesta se estructura en cuatro ejes: reconstrucción y recaudación transitoria; competitividad tributaria e incentivos al crecimiento; permisos ambientales y sectoriales; y contención del gasto público.
Entre sus principales medidas figuran una rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría para grandes empresas desde un 27% a un 23%; un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones; la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años; la creación de un crédito al trabajo formal; la reintegración gradual del sistema tributario; modificaciones a la franquicia tributaria del Sence y un mecanismo de compensación para empresas cuando se revoque una Resolución de Calificación Ambiental.
