Cerca de US$400 millones ha desembolsado BancoEstado desde 2023 por la aplicación de la Ley de Fraudes. Según la entidad, esta cifra equivale a los recursos necesarios para financiar 100 mil créditos Fogaes para la vivienda.
A partir de este balance, el banco estatal llamó a rediseñar la legislación para evitar que estructuras delictuales utilicen la norma para obtener beneficios indebidos.
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El presidente de BancoEstado, Mario Farren, sostuvo que este impacto económico ha significado destinar recursos que podrían haberse utilizado para mejorar procesos, fortalecer la atención de clientes e impulsar nuevas políticas públicas.
Además, afirmó que la normativa, creada para proteger a quienes sufren fraudes, hoy presenta vulnerabilidades que afectan su propósito original.
"La confianza es el activo más valioso de cualquier sistema financiero, porque permite que los ahorros se traduzcan en financiamiento para proyectos que activan la economía. Cuando una norma diseñada para proteger a los usuarios comienza a ser utilizada como cobertura para obtener beneficios indebidos, se vuelve urgente revisar su diseño", aseguró.
Cabe recordar que Ley 21.234, promulgada en 2020, buscó agilizar la restitución de fondos a usuarios afectados por fraudes en medios de pago. Posteriormente, la Ley 21.673, publicada en 2024, incorporó nuevas exigencias, entre ellas la obligación de presentar una denuncia formal ante las policías, medida que redujo temporalmente este tipo de casos.
Sin embargo, desde BancoEstado afirmaron que las solicitudes de devolución volvieron a aumentar hasta alcanzar niveles calificados como críticos. "El fenómeno se ha profesionalizado. Ya no hablamos solo del ciudadano común que cae en una trampa, sino de complejas estructuras delictuales que utilizan la ley como cobertura para obtener beneficios indebidos", señaló.
BancoEstado llamó a modificar la normativa
Como parte de las medidas para enfrentar este fenómeno, BancoEstado reforzó sus procesos operacionales y profundizó el trabajo conjunto con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) para prevenir, detectar y perseguir este tipo de delitos.
Desde la entidad, aseguraron que se intensificó el seguimiento de una querella marco presentada en 2024 que agrupa a más de 7.000 imputados por presunto autofraude, con el objetivo de recuperar recursos y avanzar en la persecución de eventuales asociaciones ilícitas.
"Como banco público, tenemos el deber de advertir este fenómeno. La coordinación institucional es necesaria, pero insuficiente. Se requiere un rediseño legal que resguarde el patrimonio público y evite que las vulnerabilidades de la ley terminen facilitando acciones ilícitas", afirmó Farren.
En esta línea, el presidente de BancoEstado sostuvo que la legislación debe recuperar el objetivo con el que fue creada: proteger a las personas que realmente son víctimas de fraudes, sin abrir espacios para abusos.
"La legislación debe ser revisada para asegurar su propósito original: garantizar la seguridad y estabilidad de los medios de pago, protegiendo a quienes realmente son víctimas y cerrándole definitivamente la puerta a quienes abusan del sistema", cerró.
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