El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió las medidas de cobranza que impulsa la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y afirmó que estos procesos continuarán para quienes no regularicen su situación.
Sus declaraciones se produjeron tras las críticas que han surgido por embargos de bienes raíces y retenciones de activos financieros aplicadas a personas con deudas asociadas al crédito estudiantil. En ese contexto, el titular de Hacienda recordó que el Estado asume el costo cuando los beneficiarios dejan de pagar sus obligaciones.
"Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares pasándole la plata a los bancos (...) para pagar las deudas que los deudores no pagaron. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile, todos los chilenos", señaló.
Asimismo, recordó que la Tesorería abrió hace cerca de 90 días un proceso para que los deudores pudieran acercarse a reprogramar sus obligaciones antes de avanzar con medidas de cobranza.
De acuerdo con el ministro, cerca de 30 mil personas ya han regularizado o iniciado procesos para ponerse al día con sus deudas. En contraste, menos de 1.500 casos han enfrentado medidas de cobro.
"El objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme. Va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de plazos, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan", afirmó.
Hacienda evaluará alternativas para deudores con ingresos más bajos
Quiroz también hizo hincapié en que gran parte de las personas que han sido objeto de medidas de cobranza tendría ingresos superiores a $3,5 millones mensuales. Sin embargo, indicó que analizará alternativas para quienes tengan rentas más bajas.
"Si hubiera gente por bajo los $3.500.000, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta", señaló.
Además, destacó que el proyecto de Ley de Reconstrucción incluye un artículo que facilitaría la reprogramación de deudas administradas por la Tesorería.
Finalmente, reiteró que el objetivo del Gobierno sigue siendo que los deudores regularicen su situación mediante los mecanismos disponibles.
