Uber manifestó su preocupación ante la posible publicación del reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT) en los últimos días de la actual administración.
La compañía advirtió que la normativa podría entrar en vigencia sin contar con la infraestructura tecnológica necesaria, lo que —según planteó— pondría en riesgo el empleo de más de 250 mil personas y la movilidad de casi 6 millones de usuarios.
El 6 de febrero, el Ministerio de Transportes adjudicó a Arkhotech SpA el desarrollo de la plataforma que deberá recepcionar y administrar los datos contemplados en la ley, incluida la inscripción de conductores.
De acuerdo con las bases, la empresa contará con al menos seis meses para diseñar y probar el sistema. Sin embargo, una vez que el reglamento se publique, la norma comenzará a regir 30 días después.
Calendario acotado que podría generar desfase
Desde Uber señalaron que ese calendario podría generar un desfase crítico. El proceso de inscripción obligará a cada conductor a presentar al menos ocho documentos, lo que implicará validar hasta dos millones de antecedentes en un plazo acotado.
"Es una irresponsabilidad tratar de hacer en tres semanas lo que no se hizo en tres años. La entrada en vigencia de la Ley EAT sin una plataforma desarrollada es técnicamente inviable y puede dejar a miles de conductores sin un mecanismo claro de registro, impactando hasta en un 1,8% del empleo nacional”, afirmó Federico Prada, gerente general de Uber en Chile.
La compañía agregó que la implementación no solo considera el desarrollo del software, sino también las integraciones tecnológicas y la puesta en marcha de un sistema de fiscalización. Si el reglamento se publica antes del 11 de marzo, el nuevo gobierno deberá asumir su implementación pocos días después de iniciar su mandato.
Además, la ley exigirá que, tras un año de vigencia, los conductores cuenten con licencia profesional. Según la empresa, esa exigencia podría dejar fuera a más del 70% de quienes hoy operan en la plataforma si no se establece una transición gradual.
“No estamos planteando frenar la regulación, sino que su implementación se realice en condiciones que permitan que funcione correctamente desde el inicio. Aquí están en juego los ingresos de miles de familias y la movilidad de millones de personas en el país”, concluyó Prada.
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