Cerca del 40% de los egresados pagaría más de lo que costó su carrera si se aprueba el FES

Un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Chile encendió el debate sobre la reforma al Financiamiento de la Educación Superior (FES), revelando que el sistema propuesto no solo implicaría mayores presiones fiscales, sino que también podría provocar que una proporción relevante de los estudiantes termine pagando montos muy superiores al costo real de sus carreras.

El análisis, solicitado por el rector Juan Carlos de la Llera, evaluó sus efectos sobre la autonomía universitaria, la sostenibilidad estudiantil y el desempeño futuro de los egresados.

El informe fue elaborado por un equipo de académicos, liderado por Andrea Repetto y Harald Beyer, mostró que la educación superior en Chile sigue siendo altamente rentable para los profesionales, con incrementos salariales significativos y efectos claros sobre la movilidad social.

Sin embargo, el diseño del FES podría alterar la ecuación económica para los egresados, especialmente para quienes proyectan ingresos más altos.

Egresados podrían pagar más del costo de sus carreras

Uno de los elementos más sensibles del informe es la proyección de sobrepago. Según el análisis, cerca del 40% de los egresados pagaría más de lo que costó su carrera, y más de un 20% podría terminar pagando al menos 1,5 veces el valor de su educación bajo las reglas propuestas.

Esto se explica porque la contribución futura del egresado se calcula en función de sus ingresos y no del costo real de formación.

“Como la contribución no se calcula en función del costo real de la carrera, sino del nivel de ingresos futuros del egresado, quienes obtengan rentas más altas podrían terminar pagando mucho más que el costo real de su educación”, advierte el estudio.

Según el equipo académico, el diseño podría desencadenar problemas de legitimidad y de incentivos.

La posibilidad de pagar más que el costo de la formación genera un riesgo de selección adversa: los estudiantes con altas expectativas salariales —los contribuyentes más valiosos para el sistema— tendrían menos motivos para adscribirse al FES o podrían buscar vías para reducir su carga financiera, como la informalidad o la subdeclaración de ingresos.

La educación superior sigue siendo altamente rentable

El informe también analizó la rentabilidad de estudiar en nuestro país. Según los datos, los egresados universitarios obtienen ingresos “del orden de 2,3 veces” los de quienes solo poseen educación media, uno de los retornos relativos más altos entre los países de la OCDE.

Un análisis econométrico del equipo mostró que la educación universitaria incrementa los ingresos en torno a un 48% respecto de la educación media, mientras que los egresados técnicos y profesionales obtienen mejoras de 15% y 5%, respectivamente, aun después de controlar por variables familiares y demográficas.

“En conjunto, la evidencia confirma que la educación superior contribuye significativamente al empleo, la productividad y la equidad social en Chile”, concluye el estudio.

Esta rentabilidad es uno de los factores que vuelve más relevante el debate sobre el FES: quienes más se benefician del retorno universitario podrían ser, precisamente, quienes terminen pagando más de lo que costó su formación, lo que altera el equilibrio entre equidad, incentivos y financiamiento a largo plazo.

Riesgos de sostenibilidad fiscal y la autonomía universitaria

Otro eje clave del análisis apunta al costo que tendría el FES para el Estado. Según el documento, el sistema “podría generar un gasto fiscal neto creciente, superando los $200 mil millones anuales al año 10”, especialmente si variables como el salario de los egresados, la informalidad laboral y la recuperación de créditos no se comportan como espera el Gobierno.

Los autores cuestionaron además que los supuestos de ahorro presentados por la autoridad no provienen del diseño del FES, sino de otras medidas, como eliminar becas o retrasar la ampliación de la gratuidad. “El efecto neto positivo en las cuentas fiscales que proyecta la Dipres no proviene del FES en sí mismo”, señala el análisis.

El informe agrega que, bajo las reglas contables vigentes, los desembolsos del FES deben registrarse como gasto directo en el balance estructural, lo que aumentaría el gasto “en más de US$ 800 millones durante los dos primeros años”, complicando las metas fiscales comprometidas.

El documento también advierte riesgos estructurales para las instituciones. Según el análisis, el FES reemplaza ingresos privados por financiamiento estatal regulado, restringiendo la capacidad de las universidades para fijar aranceles, definir vacantes y financiar proyectos diferenciados. “El proyecto pone en serio riesgo la autonomía al generar una dependencia financiera estructural hacia el Estado”, dicen los autores.

Esa dependencia, agregan los autores, podría homogeneizar la oferta educativa y limitar la diversidad de proyectos, afectando la capacidad del sistema para sostener innovación, complejidad y calidad académica.