La Comisión de Hacienda del Senado realizó una segunda sesión consecutiva para revisar la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA). La semana pasada la ABIF planteó que se venía un "big bang" y BancoEstado se plegó a las preocupaciones, pero no son los únicos.
La discusión sigue centrándose en cómo balancear estándares tecnológicos y seguridad con el objetivo fundacional de la ley —más competencia e inclusión—, en un calendario que varios consideran estrecho y con costos que algunos gremios estiman elevados.
El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Alejandro Alzérreca, señaló que “no hay que perder de vista que el objetivo son las personas y no la tecnología”.
El representante de las compañías de seguros respaldó una implementación paulatina. “La experiencia internacional muestra un bajo nivel de éxito e incluso fracasos en países donde la implementación no se llevó a cabo de manera gradual”. Propuso avanzar con una versión mínima —mencionó un MVP, o producto mínimo viable, por sus siglas en inglés— y casos de uso simples, antes de escalar a productos complejos o a personas jurídicas, e insistió en proporcionalidad y segmentación, dado el tamaño y diversidad de la industria aseguradora.
También alertó por los costos y plazos. Dijo que la industria aseguradora una inversión US$90 millones en tres años —sin incluir el mecanismo alternativo ni adecuaciones internas— y advirtió que “el tema de los plazos es relevante” porque la implementación “es la mayor transformación del sistema financiero en décadas”. Cabe recordar que la ABIF estima para el sistema completo un gasto superior a los 600 millones de dólares.
La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile (Coopera) fue representada por Rubén Ulloa, gerente de Transformación Digital de Coopeuch, quien pidió proporcionalidad y gradualidad, por la vía de ampliación de plazos y una marcha blanca previa a la entrada en vigencia, ante inversiones exigentes a las instituciones pequeñas. "Nuestro gremio podría quedar con varias instituciones que componen el sector cooperativo con resultados negativos, porque la inversión requiere más de lo que genera como EBITDA la organización", sostuvo.
Ulloa cuestionó el mecanismo alternativo tal como quedó en la última propuesta técnica. “Tendría características técnicas que son de igual complejidad o prácticamente la misma complejidad que el mecanismo principal”, lo que “encarece aún más la implementación”.
También se refirió a los consentimientos y finalidades, al abogar por una taxonomía como la de Reino Unido para reducir ambigüedades y clarificar responsabilidades —especialmente en verificación de poderes para personas jurídicas—; y pidió despejar la responsabilidad y costos en iniciación de pagos.
En el intercambio, el senador Rodrigo Galilea (RN) pidió precisar dónde se podría debilitar la cadena de pagos. Ulloa dijo que “fundamentalmente por los poderes”. El director jurídico de la CMF, José Antonio Gaspar, recogió el guante: “No hay una alteración respecto de la regulación de funcionamiento de las cámaras de pago de bajo valor”, y reiteró que el regulador ya “está revisando el lenguaje” sobre poderes y “estamos revisando los costos” por los nuevos intervinientes.
FinteChile: "La solución no es extender los plazos"
El presidente de FinteChile, José Gabriel Carrasco, defendió la arquitectura en diseño y salió al cruce de las cuatro principales críticas que se han planteado desde la semana pasada.
Sobre los costos, dijo que han circulado cifras dispares y que habría “un error metodológico” al comparar con Brasil, que “incluye una complejidad distinta”. En ese sentido, ante la preocupación que han manifestado los demás gremios, sostuvo que “nuestro sistema es un sistema mucho más ligero (...) no he visto esos órdenes de magnitud”.
Respecto de los plazos, Carrasco pidió no postergar la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas. “La solución no es extender los plazos. Deben darse las reflexiones y la CMF tiene la potestad para ir viendo la gradualidad con las distintas empresas", sostuvo.
"Más plazo va a implicar partir más tarde y hoy día con las urgencias que tenemos a nivel país, mientras antes partamos, antes nos haremos cargo de los problemas que existen”, agregó.
Frente a dudas que se han planteado sobre la seguridad de las fintechs, aseguró que es algo “absolutamente falso”. Subrayó que el diseño descansa en estándares internacionales y una certificación exigente.
De hecho, la comisionada Bernardita Piedrabuena —también presente en la sesión— recordó que los estándares de seguridad serán los de OpenID Foundation y “el último estándar que es FAPI 2”. Además, la autoridad aclaró el alcance de la certificación. “La institución que tiene que compartir la información tiene que implementar una API y ese enchufe lo da la Open ID Foundation”.
Carrasco advirtió además sobre riesgos de “bloqueos” en la experiencia de consentimiento, destacando un caso de Brasil, donde algunos bancos exigían hasta 11 pantallas para autorizar el uso de datos. “Eso es un muy buen ejemplo de lo que un incumbente puede hacer por bloquear un sistema de finanzas abiertas”.
CMF: "No estamos haciendo oídos sordos"
Para cerrar, el vicepresidente de la CMF, Augusto Iglesias, adelantó que el anexo 3 —tras la consulta pública— “debería ser emitido en forma definitiva hacia fines de este año”. Confirmó que “cuestiones como los plazos, la gradualidad y la proporcionalidad” están consideradas en la norma, y que el proceso ha sido “extremadamente participativo”.
"No nos hemos encerrado a bajar de los libros ni tampoco solo de la experiencia internacional las soluciones que parecen más adecuadas para el caso chileno. Todos han hablado y han reconocido la enorme cantidad de reuniones, encuentros, conversaciones que se han tenido y que seguimos teniendo. No estamos haciendo oídos sordos a lo que ahí se ha planteado", aseguró Iglesias.
Iglesias dejó dos definiciones de fondo. Primero, que el diseño de productos debe emanar de la industria, no del regulador. “Si nosotros tomáramos la responsabilidad de decir cuáles son los productos que se van a ofrecer y cuáles no, el riesgo de equivocarse es mayor”.
Además, recalcó que la privacidad y seguridad de datos es una condición “intransable”. “No las estamos escogiendo porque son las más famosas o porque son las más nuevas, sino (...) las que mejor responden a la protección de datos y la seguridad de información”, aseguró.
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