El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) celebró el lunes pasado la audiencia pública por la consulta presentada por Flow S.A., que busca determinar si el oficio emitido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) —que prohibió a Transbank ofrecer el servicio de adelantamiento de cuotas— se ajusta o no a la normativa de libre competencia.
La sesión, que se extendió por más de tres horas, reunió a representantes de la CMF, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Transbank, Flow, Cofisa (Abcdin), CMR Falabella y la Asociación del Retail Financiero (ARF).
El caso se inició el 14 de junio de 2024, cuando Flow —proveedor de servicios de pago que opera como subadquirente— pidió al TDLC pronunciarse sobre la legalidad del oficio N°59.888 de la CMF, dictado el 10 de mayo de ese año.
Ese documento ordenó a Transbank cesar la prestación del servicio conocido como adelantamiento de cuotas de las denominadas "cuotas comercio", argumentando que dicha actividad excedía el giro exclusivo de un operador de tarjetas de pago y que no se encontraba autorizada como complementaria ni necesaria para su función.
El oficio tuvo un efecto inmediato en toda la industria. La CMF extendió la instrucción a todos los operadores del mercado, entre ellos Mercado Pago y otros PSP, lo que detuvo la posibilidad de ofrecer el pago inmediato a comercios que venden en cuotas sin interés. Al menos directamente por parte de estas instituciones.
Transbank y Flow defienden legalidad del servicio
En la audiencia, Flow y Transbank sostuvieron que la autoridad se extralimitó en sus atribuciones. Ximena Rojas, socia del estudio Rojas Pacini y abogada de Flow, destacó que el adelantamiento de cuotas "permite a los comercios mejorar su sostenibilidad financiera y el control del flujo de caja, al contar con liquidez sin necesidad de incurrir en deudas". También valoró que "aumenta el volumen de bienes a un menor costo total para los consumidores, al existir más comercios en los que los tarjetahabientes pueden pagar sus compras en cuotas sin interés".
Sostuvo que el servicio se enmarca en la normativa del Compendio de Normas Financieras del Banco Central, que autoriza al operador a realizar “la liquidación y/o pago de las prestaciones adeudadas a los comercios”, lo que —a juicio de Flow— incluye la posibilidad de adelantar esos pagos.
Por su parte, Camilo Rojas Castillo, del estudio Ferrada Nehme y representante de Transbank, reforzó la idea de que el servicio forma parte del giro natural de los operadores. “Se mantiene la firme convicción de que el adelantamiento de cuotas corresponde a una actividad necesaria que no requiere autorización porque habilita y complementa el servicio de cuotas comercio", sostuvo.
Además, ejemplificó que hay un universo de transacciones —como bienes durables de alto valor— donde usualmente los usuarios pagan con cuotas. Restringir este servicio haría que algunos comercios no pudiesen ofrecer cuotas sin interés a los consumidores.
El abogado de Transbank insistió en que “no se trata de un financiamiento”, pues el comercio no contrae una deuda con el adquirente. "No hay una obligación de restituir un monto de dinero de parte de los comercios, (por lo que) no es un financiamiento en términos jurídicos. No obstante, económicamente puede cumplir la función de otorgar liquidez a los comercios", explicó.
La posición de la CMF y la FNE
Por su parte, Leonardo Corral, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la CMF, sostuvo que el regulador actuó conforme a sus atribuciones y que se limitó a aplicar la ley. Además, planteó que se trata de un tema relacionado con la regulación sectorial y que es propio de la discusión de libre competencia.
El CDE planteó que el adelantamiento de cuotas "no se encuentra como considerada como actividad necesaria y inherente al giro del operador, y no es una actividad complementaria".
Sostuvo que "no existe un derecho absoluto para ejercer una actividad económica" y que es eso lo que estarían intentando tanto Flow como Transbank. "Pretenden efectuar una actividad económica saltándose las reglas que precisamente rigen esa actividad económica", acusó.
Por su parte, el abogado Tomás Aguilera, de la Fiscalía Nacional Económica, señaló que el organismo no detectó efectos relevantes sobre la competencia por la prohibición del adelantamiento de cuotas.
Sin embargo, recordó que en nuestro país "el otorgamiento de crédito no es una actividad sujeta a una licencia o a una habilitación regulatoria especial, cualquiera puede otorgarlo".
"Es positivo que se potencien las modalidades de cuotas comercio en la medida que otros actores distintos a los emisores participen en el mercado de crédito, como los comercios, que son quienes finalmente soportan financieramente el costo de una transacción", sostuvo.
El organismo concluyó que existen operadores que ofrecen cuotas comercio sin necesidad del servicio de adelantamiento, lo que demuestra que ambas funcionalidades pueden operar de forma independiente.
Según datos de la FNE, en el primer semestre de 2024 se detectó que entre el 0% y 10% de las transacciones con tarjetas de crédito se realizaron bajo la modalidad de cuotas comercio, y de ellas, hasta un 5% se efectuaron con la modalidad de adelantamiento de cuotas. Por lo mismo, la incidencia de este servicio es reducida y su disponibilidad no se vería afectada, ya que puede ser prestada por terceros.
Retail financiero: "Se usa la carretera de los emisores sin asumir los costos ni los riesgos del crédito"
Vanessa Facuse, socia de Bofill, Escobar y Silva (BES) y representante de la Asociación del Retail Financiero (ARF), pidió al tribunal rechazar la consulta de Flow, argumentando que la CMF simplemente aplicó la ley. "No hay espacio para discrecionalidad alguna”, señaló.
La representante de ARF acusó que “lo que están haciendo los operadores y subadquirentes es dar un financiamiento a los comercios y cobrando una comisión. Esto no es una mera liberalidad renunciar a un plazo del pago. Hay un negocio y, por legítimo que sea, está en el marco de un mercado regulado y eso exige que la CMF conozca su alcance y términos".
Facuse advirtió que existe un "aprovechamiento" de operadores y PSP, donde el emisor "hace una carretera y finalmente el crédito se da sin compartir los costos, beneficios ni los riesgos". Agregó que existe una "asimetría regulatoria" y que esta situación desincentivaría la emisión de tarjetas.
En la misma línea, María Consuelo Mackenna, abogada de Puga Ortiz, en representación de Cofisa —emisor de la tarjeta de crédito Abcdin—, enfatizó que el adelantamiento de cuotas afecta directamente a las entidades que otorgan crédito.
“El operador se beneficia cobrando comisiones por el adelantamiento de cuotas, pero no cumple con los requisitos prudenciales que sí le son exigidos a los emisores, como patrimonio, reserva de liquidez, constitución de provisiones, etc.", aseguró. Planteó que el riesgo de no pago lo asume el propio emisor de la tarjeta, quien termina ofreciendo "financiamiento gratuito".
El abogado Cristián Carmona, también de Puga Ortiz —por CMR Falabella—, centró parte de su planteamiento en la importancia del giro exclusivo de los adquirentes, lo que "tiende a aislar otros riesgos que no están ponderados en esa regulación". Entre ellos, nombró el riesgo de crédito. "Las carteras en tiempos de no bonanza se van deteriorando, ¿y qué hace la CMF? Pide provisiones".
La discusión de fondo sobre el adelantamiento de cuotas comercio
El fondo del debate radica en si el adelantamiento de cuotas constituye una actividad inherente al giro de los operadores o una operación crediticia exclusiva de los emisores.
Flow y Transbank sostienen la primera tesis, mientras que la CMF, el retail financiero y emisores de tarjetas de ese grupo defienden lo segundo.
Los primeros enfatizan que la medida reduce la liquidez de las pymes y limita la competencia entre adquirentes, en un mercado donde las cuotas sin interés son importantes para atraer consumidores.
En tanto, la Asociación del Retail Financiero —que ha desplegado un intenso lobby para poner fin no solo al adelantamiento de cuotas, sino a las cuotas comercio como concepto— alerta sobre una desregulación peligrosa que podría alterar los equilibrios del sistema financiero y generar riesgos para los usuarios.
Al cierre de la audiencia, los ministros del tribunal realizaron preguntas a las partes sobre los efectos reales del adelantamiento y los posibles riesgos de morosidad. Por ejemplo, se consultó a la FNE si había revisado cómo evolucionó el uso de las cuotas comercio en el tiempo. La Fiscalía respondió que “se trata de un escenario específico, de una 'foto', del momento antes de la consulta”.
También se le preguntó a Flow si seguía contando con adelantamiento de cuotas. La abogada Ximena Rojas respondió que “Flow continúa ofreciendo el servicio, pero con financiamiento externo, lo que resulta más oneroso”.
El tribunal también interrogó a Transbank sobre la definición de actividad necesaria. “No hay una definición cerrada. La interpretación debe adaptarse a la evolución del mercado”, respondió su abogado, Camilo Rojas, añadiendo que el servicio es “un complemento necesario para las cuotas comercio”, ya que de lo contrario solo algunos comercios podrían acceder al servicio, mientras otros no.
Mientras tanto, se mantiene pendiente la decisión de la Corte Suprema sobre el reclamo de ilegalidad interpuesto por Transbank contra el mismo oficio.
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