El Servicio de Impuestos Internos (SII) intensificó la fiscalización de operaciones con criptoactivos y cerró 13 casos, logrando recaudar cerca de $4.702 millones en tributos omitidos.
En efecto, el organismo detectó contribuyentes que recibían pagos en criptomonedas sin declararlos, además de transacciones en las que no se acreditaron costos asociados.
Cabe destacar que estos activos digitales, que operan en redes blockchain con altos niveles de privacidad, han representado un desafío para las administraciones tributarias. Por ello, Chile, al igual que otros países, fortaleció sus mecanismos de regulación y cooperación internacional para garantizar la transparencia de este mercado.
Casos detectados y mecanismos de fiscalización
El SII identificó a proveedores de minería, exchanges no formalizados, influencers especializados y contribuyentes que recibían ingresos en criptomonedas sin declararlos en su Formulario 22.
Para esta labor, utilizó información proveniente de declaraciones juradas 1891 —que deben ser presentadas por los Corredores de Bolsa y Agentes de Valores—, declaraciones de renta, importaciones de equipos y fuentes públicas, además de herramientas de Big Data.
Carolina Saravia, directora (S) del SII, señaló que "en estos casos como Servicio emitimos las liquidaciones correspondientes a las diferencias de impuestos detectadas luego de verificar, mediante el uso de Big Data y la revisión de distintos exchange, que se trataba de contribuyentes que contaban efectivamente con ‘billeteras’ de criptomonedas.
Asimismo, añadió que la colaboración con la Unidad de Análisis Financiero ha permitido identificar posibles operaciones sospechosas y ampliar el conocimiento sobre este modelo de negocio en el país.
Nuevas resoluciones para reforzar el control
Con el fin de reforzar la trazabilidad de las operaciones digitales, el SII emitió dos resoluciones que establecen obligaciones específicas para proveedores de servicios de criptoactivos.
La Resolución Exenta N°113 obliga a los residentes en Chile a presentar la Declaración Jurada N°1963, que incluye información sobre usuarios extranjeros y sus transacciones. En este sentido, el primer reporte deberá entregarse en 2026, adelantando un año el inicio del intercambio automático de información tributaria acordado por la OCDE.
En paralelo, la Resolución Exenta N°114 establece la Declaración Jurada N°1964, que exige a los proveedores reportar operaciones de contribuyentes residentes en Chile, incluyendo compras, ventas, transferencias y el detalle de billeteras digitales.
