La Comisión de Hacienda del Senado recibió este lunes a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, quien presentó un detallado informe sobre los avances en la implementación de la Ley Fintech, normativa aprobada en enero de 2023 que busca modernizar el sistema financiero promoviendo la inclusión, competencia y estabilidad.
Durante la sesión, Berstein explicó que la implementación se ha realizado bajo principios como la proporcionalidad, neutralidad y flexibilidad, integrando nuevas entidades al perímetro regulatorio y estableciendo estándares técnicos para el sistema de finanzas abiertas (SFA). “Como CMF tenemos un triple mandato: estabilidad, conducta y desarrollo. La Ley Fintech nos obliga a equilibrar esos tres ejes de manera armónica”, sostuvo.
Uno de los focos ha sido el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (RPSF). A la fecha, se han recibido 377 solicitudes de inscripción y 253 solicitudes de autorización, de las cuales 33 ya están inscritas bajo el nuevo marco legal. “Se hicieron 42 mesas de trabajo con más de 200 participantes que representaban a casi 130 entidades”, indicó Berstein.
Los servicios más demandados han sido la asesoría de inversión (105 solicitudes), intermediación de instrumentos financieros (74), y enrutamiento de órdenes (41). La CMF asignó estas funciones de supervisión según la naturaleza del negocio, buscando eficiencia regulatoria.
Por otro lado, el Sistema de Finanzas Abiertas —una de las piedras angulares de la ley— avanza con la emisión de la NCG N°514, que regula su implementación y establece que el intercambio de datos entre entidades debe hacerse mediante APIs, siempre con consentimiento del usuario. “El cliente financiero es el dueño de su información”, recalcó la presidenta de la CMF.
La autoridad también destacó la creación de dos pilares clave del ecosistema: el Directorio de Participantes, que permitirá verificar qué entidades están autorizadas para operar en el SFA, y el sandbox tecnológico, un entorno de pruebas desarrollado con apoyo del BID y la CAF que será de libre uso. “El sandbox se va a transformar en un bien público regional, al menos respecto de la codificación, para que otros países puedan también implementar sus sistemas de finanzas abiertas con sus medios de sistemas de prueba”, explicó Berstein.
La gradualidad será clave en la implementación. La normativa entra en vigencia en julio de 2026, y el calendario contempla una puesta en marcha escalonada de los servicios, comenzando por información pública y avanzando hacia datos personales y funcionalidades de iniciación de pagos.
“Esta gradualidad tiene relación con ir probando de lo más simple, lo más fácil de implementar, a lo que tiene mayores riesgos y mayores dificultades. Vamos pasando la etapa 1 y podemos irnos hacia la etapa 2, y así vamos gradualmente”, detalló.
Las dudas de los senadores sobre la implementación de la Ley Fintech: Preocupación por costos y seguridad
Durante la sesión, varios senadores plantearon inquietudes. Rodrigo Galilea (RN) advirtió sobre la necesidad de garantizar la seguridad en las cadenas de pago. “Si una de estas empresas usa mal los fondos, el daño sería enorme”, alertó.
En tanto, Javier Macaya (UDI) se centró en los costos asociados a la iniciación de pagos y su distribución entre bancos y fintechs. "Obviamente, alguien tiene que pagar y asumir estos costos. Hay que ver de qué manera se cumplirá el artículo 20 de la Ley Fintech, que establece expresamente que no puede haber cobro de comisión por los iniciadores de pago, más allá de lo que hoy día están diciendo los bancos", señaló el parlamentario gremialista.
Kenneth Pugh (RN) —quien asistió en calidad de invitado a la sesión— cuestionó la preparación institucional frente a desafíos como la firma electrónica avanzada y la identidad digital.
"Es un tema no menor (...) No tenemos la identidad digital robusta, resiliente y con factores de autenticación. El riesgo de suplantación es gigantesco. Se eliminan varias cosas al tener las APIs, con eso esperamos que el web scrapping desaparezca, pero no hay tokenización. Me alegro mucho que se haya hablado de interoperabilidad, pero no está definida", señaló Pugh.
Berstein respondió que el marco de pagos se construye en coordinación con el Banco Central, y que temas como costos, seguridad y verificación de consentimiento están incorporados en la normativa y se afinan en anexos técnicos que aún están en desarrollo.
Además, precisó que “el sandbox no significa el medio de prueba, no es la operación del sistema en régimen. Es donde se prueban las APIs y después pasan a funcionar al ecosistema general. Nadie paga por el uso del sandbox, el sandbox es un bien público”.
Cuestionamientos sobre tiempos en la revisión de las solicitudes
La senadora y presidenta de la comisión, Ximena Rincón (Demócratas), agradeció la exposición, pero advirtió sobre el retraso en la revisión de las solicitudes. “Hay 377 instituciones esperando respuesta desde enero. ¿Cuándo se resolverán?”, preguntó.
En respuesta, Solange Berstein propuso realizar un reporte a mitad de año: “Estamos trabajando a toda velocidad para responder lo antes posible. Nos podemos comprometer que en junio o julio podemos hacer un reporte de cómo ha ido el proceso de solicitud de inscripciones y de esa manera satisfacer sus dudas. Estamos trabajando a toda velocidad, pero también debemos asegurar que el proceso sea riguroso y proporcional al riesgo de cada modelo”.
La CMF reconoció que la implementación ha traído desafíos importantes, como el fortalecimiento de capacidades internas, la supervisión de nuevos actores y la necesidad de educación financiera en un entorno digital. “Los mayores expertos en fintech de Chile hoy están en la CMF”, afirmó Berstein, quien también advirtió sobre el riesgo de fuga de talento hacia el sector privado.
Finalmente, la presidenta del organismo subrayó que la implementación de la Ley Fintech es un proceso continuo y colaborativo.
“El desarrollo regulatorio también requiere de la retroalimentación de la industria. Partimos con el diálogo desde el primer día, ese diálogo continúa, tenemos que ir evaluando la efectividad e ir ajustando la norma dependiendo de la retroalimentación que vamos teniendo”, concluyó.
