En medio del amplio debate generado por la Ley Nº 20.009 y su posterior reforma —también conocida como Ley de Fraudes—, la Universidad de Chile lanzó el curso de actualización 'Fraudes financieros y consumidores', orientado a entregar herramientas prácticas para abordar conflictos entre usuarios y entidades del sistema financiero.
El programa, impartido en modalidad remota a través de la plataforma Zoom, está dirigido a abogados, egresados, operadores judiciales y personas interesadas en la materia.
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Su finalidad es ofrecer una mirada integral sobre la protección de los derechos de los consumidores frente a este tipo de delitos, así como analizar los desafíos legales que enfrentan tanto los usuarios como los emisores de medios de pago.
Daniel Bustos Quijada, abogado, magíster en Derecho, asociado senior en Guerrero Iturra Abogados y académico del programa, señaló que "como dice su nombre, el curso examina los fraudes financieros desde una perspectiva centrada en las relaciones de consumo".
"El propósito u objetivo central es facilitar a los participantes distintas herramientas y conocimientos que les permitirán enfrentar de mejor manera los conflictos o problemas que se suscitan entre los consumidores y proveedores en la actualidad por este tipo de hechos”, añadió.
Revisión de casos prácticos
El curso cuenta con un equipo académico conformado por Viviana Muñoz, jueza del 4° Juzgado de Policía Local; José Roa, exdirector del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC); Renzo Munita, abogado y académico de la Universidad del Desarrollo (UDD); Eduardo Reveco, asociado de Carey; y Daniel Bustos.
Las clases abordan temas como la protección de los consumidores y las principales dificultades en la aplicación de la Ley de Fraudes. Además, se analizan casos y se discuten materias como la responsabilidad civil, el rol de las autoridades administrativas y las implicancias de recientes reformas legislativas.
Bustos indicó que una parte importante del programa se centra en “la acción del emisor ante los juzgados y la distribución de los riesgos entre consumidor y proveedor”, lo que ha generado interpretaciones dispares entre las partes involucradas.
“La problemática en cuestión está dada por las distintas interpretaciones y criterios que se aplican desde la implementación de la Ley N°21.234, lo cual se ha profundizado considerando las recientes modificaciones adicionales a la Ley N°20.009, a propósito de la Ley N°21.637 para combatir el sobreendeudamiento”, afirmó.
Según el abogado, esta situación de incertidumbre ha afectado tanto a consumidores como a emisores de medios de pago, así como a operadores del sistema judicial. Por ello, resaltó que “generar instancias de aprendizaje y discusión, sobre todo desde el punto de vista práctico, puede contribuir como solución”.
