La nueva normativa en consulta del Servicio de Impuestos Internos (SII) encendió las alertas en gremios y empresas, principalmente del sector de medios de pago. La propuesta exige a operadores de medios de pago, plataformas digitales y entidades financieras que verifiquen el rol único tributario (RUT) y el inicio de actividades de sus clientes, bajo amenaza de obligarles a retener un 19% si no lo hacen.
En sus respuestas a la consulta pública, organizaciones como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), Transbank, FinteChile, Mercado Libre, SumUp y otros criticaron los alcances del borrador.
La CNC advirtió que el proyecto impone a privados una sere de obligaciones de fiscalización que el Código Tributario reserva exclusivamente al SII. “La transferencia de facto de potestades públicas a entidades privadas carece de sustento legal explícito, contraviniendo principios de legalidad y debido proceso”, indicó el gremio.
Desde el mundo de los pagos, Transbank alertó que no existe hoy una API oficial para validar en línea si un usuario tiene inicio de actividades vigente, lo que haría muy difícil cumplir con la obligación. “Resultaría recomendable que el Servicio disponga de una herramienta o aplicativo que conceda un acceso directo y especial”, señaló Vicente Tredinick, gerente general, en su requerimiento.
Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile, planteó que obligar a los operadores a revisar el cumplimiento tributario de cada cliente representa una carga inconstitucional. “La circular transfiere, de facto y sin asunto legal, funciones fiscalizadoras a los operadores de medios de pago, al convertirlos en responsables del monitoreo permanente del cumplimiento tributario de sus usuarios”, sostuvo la asociación.
De hecho, el gremio de las fintechs señaló que la retención del 19% "podría ser considerada un tributo encubierto", lo que estaría en contradicción con la Constitución. Por lo mismo, recomendaron al SII revisar y enmendar la circular para ajustarse a la ley.
Advertencias sobre el impacto en la economía formal
Mercado Libre y Mercado Pago afirmaron que aplicar una retención del 19% podría fomentar la informalidad en lugar de combatirla. “La imposición de una retención podría tener por efecto una fuga hacia la informalidad de los vendedores y prestadores de servicios”, advirtieron.
Incluso, plantearon que la normativa podría provocar una migración de los usuarios de plataformas de intermediación o medios de pago digitales a ambientes menos regulados, como marketplace extranjeros o al uso de dinero en efectivo.
Recordaron que en otros países como Brasil y Argentina, intentos de aplicar retenciones automáticas a pagos electrónicos terminaron derogándose tras comprobarse su impacto negativo en el comercio formal.
Desde SumUp, empresa enfocada en pymes y microempresas, criticaron que el proyecto podría desincentivar el uso de medios de pago digitales. “Esta propuesta normativa va en el sentido contrario al objetivo de formalizar”, indicaron, y propusieron realizar un estudio de impacto antes de avanzar.
Incertidumbre para la implementación práctica
Varias de las observaciones apuntaron a la falta de claridad en puntos clave de la norma. Transbank pidió aclarar si se exigirá inicio de actividades vigente, dado que el texto actual impediría operar incluso a quienes hayan cerrado formalmente su actividad.
Además, cuestionó que el concepto de “cumplimiento tributario” no está bien definido, y que aspectos como una simple morosidad tributaria podrían terminar impidiendo a un contribuyente usar medios de pago. "Se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia, por cuanto bastaría el acta de denuncia, la denuncia o una querella para impedir que un contribuyente pueda contratar servicios con administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico", señaló el texto firmado por Tredinick.
Por su parte, Loreto Pelegrí, socia de PwC Chile, solicitó precisiones sobre el impacto de la norma en las Empresas de Aplicación de Transporte (EAT) como Uber o Cabify, recordando que sus servicios están exentos de IVA.
La Cámara Nacional de Comercio pidió que la circular se ajuste a la verdadera intención del legislador, limitándose a exigir el certificado de inicio de actividades y el cumplimiento tributario, pero sin imponer sanciones como la retención del 19%.
"Si bien la sanción económica recae en el contribuyente, la obligación impuesta a las entidades de practicar, declarar y pagar esta retención las convierte en agentes de recaudación sin un mandato legal claro y definido, delegando una función que usualmente corresponde a la administración tributaria", indicó la CNC.
Mercado Libre y Mercado Pago plantearon aplicar una aproximación progresiva: primero recopilar información para la fiscalización, y solo en una segunda etapa pensar en sanciones.
Flow también recomendó reforzar el criterio de “materialidad” en la detección de incumplimientos, para evitar que errores menores activen sanciones graves.
Finalmente, la Defensoría del Contribuyente valoró el esfuerzo por modernizar los procesos, pero sugirió varias mejoras al proyecto, sobre todo en lo relativo a proteger los derechos de los contribuyentes en situaciones de vulnerabilidad digital. Además, sugirió "explicitar el reconocimiento de los domicilios virtuales para efectos de notificaciones en actividades económicas de carácter intangible desarrolladas a través de plataformas virtuales”.
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