El miércoles finalmente la Cámara de Diputados despachó a ley la esperada Reforma de Pensiones, que establece —entre otras medidas— un aumento en las cotizaciones previsionales.
La iniciativa busca fortalecer el sistema de pensiones a través del aumento gradual de la cotización de cargo del empleador y la creación de nuevos beneficios para los afiliados.
A continuación, podrás conocer los principales aspectos de esta nueva legislación y su impacto en los trabajadores y empleadores.
Aumento de la cotización del empleador
En sí, esta reforma no modifica el aporte del trabajador a su capitalización individual, el cual se mantiene en 10% del sueldo imponible. Sin embargo, la modificación a la cotización es aplicada al empleador, el cual aportará un 8,5% en comparación al 1,5% que aporta actualmente. Por lo mismo, no habrá disminución en los sueldos de los trabajadores.
Ese porcentaje de cotización se distribuirá de la siguiente manera:
- 4,5% se destinará a la capitalización individual del trabajador.
- 1,5% al Aporte Diferido, una cotización con rentabilidad protegida, que funciona como un préstamo al Estado y se devuelve al momento de jubilar.
- 2,5% al nuevo Seguro Social Previsional, que financiará el seguro de invalidez, sobrevivencia y compensaciones por expectativa de vida.
Según Alejandro Charme, abogado y exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, "este incremento es relevante para el trabajador porque entra directamente a su cuenta", pero comenta que esta se incorporará con una gradualidad lenta, ya que se incorporará este costo a los empleadores en un plazo de 9 a 11 años.
Sin embargo, Charme también advierte sobre un impacto negativo que podría traer la nueva cotización, "(...) todo aumento en la cotización significa un aumento en el costo de contratación de mano de obra que, si lo adicionas a otras reformas como la de las 40 horas, hacen más gravosa la contratación formal y, querámoslo o no, con esta reforma vamos a tener un aumento en la informalidad laboral", afirma el abogado.
La reforma establece la creación del Seguro Social Previsional, que otorga beneficios transitorios y permanentes a los afiliados, y equivale al 2,5% del aporte del empleador. Entre los nuevos beneficios se encuentran:
- Beneficio por años cotizados, en el cual se entregará 0,1 UF por cada año que se cotice. Para acceder a este beneficio, las mujeres deben haber cotizado por al menos 10 años, y los hombres 20 años. El tope mensual que se puede recibir es de 2,5 UF.

- Compensación para mujeres por expectativa de vida, en el cual se entregará un beneficio equivalente al 11% de su pensión autofinanciada, con un valor mínimo de 0,25 UF desde los 65 años. Esto busca que las mujeres, al jubilarse, reciban la misma pensión que un hombre con el mismo ahorro previsional.
- Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Este seguro ya existente se agrupa a los beneficios ya mencionados. Estos serán administrados por el Instituto de Seguridad Social (ISP) y regulado por la Superintendencia de Pensiones.
En cuanto a la compensación femenina, este considera un 1% del 2,5% que aporta el empleador. Charme explica que "el 1% es un aporte que enteran los empleadores por todos los trabajadores dependientes formales que tengan, independiente de su sexo. Con este beneficio se ven compensadas las mujeres en sus pensiones, pero sólo aquellas que tienen una pensión bajo el máximo de 18 UF".
Cómo se implementará la nueva cotización
Para evitar un impacto negativo en la economía y en las empresas, la reforma se aplicará gradualmente en un plazo entre 9 a 11 años luego de ser publicada la ley.
La distribución del aumento de cotizaciones se distribuirá de la siguiente manera:
| Año | % incorporado | Destino del % de cotización |
|---|---|---|
| 1 | 1% | Compensación por expectativa de vida |
| 2 | 1% | Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida |
| 3 | 0,75% | 0.5% al Aporte Diferido, y 0.25% a Capitalización Individual |
| 4 | 0,75% | Capitalización Individual |
| 5 a 9 | 0,7% | Capitalización Individual* |
*0.7 anual desde el año 5, por un total de 3,5% incorporado.
Dependiendo de la recaudación fiscal, la implementación total podría extenderse hasta 11 años, lo que permitirá una transición más fluida para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes).
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