El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la compañía de telecomunicaciones Entel iniciaron un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con el objetivo de obtener compensaciones para las personas afectadas por cobros indebidos en el servicio de roaming en Argentina.
Cabe recordar que en agosto del 2020 entró en vigencia un acuerdo bilateral entre Chile y Argentina que estableció el precio del roaming a tarifa local entre ambos países. Sin embargo, en 2023 la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) presentó cargos contra diferentes operadores por incumplir este acuerdo.
La gestión del PVC comenzó tras detectarse que la empresa estaba incurriendo en una interpretación errónea de la Norma Técnica dictada por la SUBTEL, lo que derivaba en la imposibilidad de cobrar roaming en Argentina.
Como resultado, Entel aplicó tarifas superiores al precio local de Chile por los servicios de llamada, mensajería y datos móviles, establiendo un monto promedio único para cada segmento de clientes y condicionando la prestación del servicio a la contratación de servicios adicionales.
Finalmente, en abril del 2024, Entel eliminó definitivamente los cobros de roaming para usar en viajes a Argentina y Brasil. Así, los clientes postpago con cuenta controlada deben habilitar una "Carga Semanal" de 5 GB sin costo. Por su parte, los clientes prepago deben adquirir una bolsa con un costo de $2.000, que entrega 1 GB de navegación.
914 mil afectados por cobros indebidos de roaming
A raíz de los cobros indebidos iniciales, el SERNAC recibió más de 140 reclamos desde la implementación de la normativa. Sin embargo, según información de Entel, el número total de afectados podría alcanzar aproximadamente 964 mil casos.
El ente fiscalizador también detectó que la compañía incurrió en la falta de información clara, veraz y oportuna sobre la prestación de servicio de roaming con "precio local" en el país trasandino.
Tras la presentación de cargos de la SUBTEL, Entel fue sancionada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Posteriormente, esta pena fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El PVC buscará acordar el monto de las compensaciones junto a otros aspectos como las medidas correctivas que debe tomar la empresa. Las partes tendrán un plazo de tres meses para llegar a un acuerdo, pero con la opción extenderlo por otros tres meses. Si no se llega a una solución común, el SERNAC no descarta iniciar otras acciones legales.
