El Observatorio Perspectivas —institución vinculada a la Asociación de AFP— lanzó recientemente su último informe titulado “Pensiones hoy, sacrificio mañana”, donde analiza el impacto de financiar con un préstamo de los trabajadores al Estado y una cuota de reparto los dos beneficios que buscan aumentar las pensiones actuales.
Por un lado está el Bono Tabla, diseñado para equiparar las pensiones de hombres y mujeres bajo iguales condiciones y, por otra parte, la Garantía por Años Cotizados, que otorga 0,1 UF por cada año de cotización con un tope de 3 UF.
Según el informe, financiar estas medidas mediante un fondo común basado en aportes obligatorios no reembolsables y un préstamo a los cotizantes generaría una deuda acumulada de USD 25.000 millones hacia 2100, equivalente al 2,6% del PIB, algo sumamente difícil de financiar en el futuro.
Gabriel Cestau, director ejecutivo del Observatorio Perspectivas, afirmó que “el aporte solidario actúa como un préstamo forzoso de los trabajadores al Estado, ocultando un problema de endeudamiento fiscal. Este esquema complica el sistema previsional y, en las condiciones planteadas, haría insostenible el fondo común en poco más de 50 años”.
En el informe se detalla que los más afectados por el mecanismo previsional serán los jóvenes. Los hombres que comiencen a cotizar a los 25 años verían sus pensiones reducidas en un 3,2% durante el período en que el Estado les reembolse el préstamo, y hasta un 13,2% tras completarse los pagos. En el caso de las mujeres, las reducciones serían de 2,2% y 13,2%, respectivamente.
“Los jóvenes ya enfrentan menores proyecciones de pensiones por factores demográficos y financieros. Si, adicionalmente, deben financiar beneficios para generaciones anteriores, sus pensiones se reducirán aún más”, añadió Cestau.
El informe estima que las medidas de solidaridad sobrecargan a los cotizantes actuales, generando una deuda acumulada que el sistema no podrá absorber. En su lugar, desde el Observatorio Perspectiva proponen un enfoque que priorice el ahorro individual y la focalización de los beneficios.
Al mismo tiempo, se sugiere que estos últimos se financien a través de una racionalización del gasto público y ajustes de impuestos, pero sin recurrir al ahorro de los trabajadores.
Cestau concluye que “esto podría lograrse si evitamos la extensión de la PGU al 10% de mayores ingresos, eliminamos programas mal evaluados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), focalizamos la gratuidad universitaria, reducimos la evasión en áreas clave como el transporte público y ajustamos los impuestos a los combustibles, entre otras medidas".
De esta forma, sería posible tener un sistema mejor, sin comprometer su sostenibilidad o sobrecargar a los cotizantes actuales, puntualiza.
