Tras más de dos años de trámite legislativo, el Senado dio luz verde al proyecto de ley que establece la creación de un Registro de Deuda Consolidada.
La iniciativa, aprobada por unanimidad, entrará en vigencia de manera inmediata luego de su publicación en el Diario Oficial.
"Es un proyecto que ha estado durante muchos años en gestación y se encontró con muchos obstáculos en el camino. Estamos seguros de que va a significar un paso adelante muy importante en el acceso equitativo al crédito, y especialmente como un incentivo para los buenos pagadores", aseguró Mario Marcel, ministro de Hacienda, previo a la votación.
El secretario de Estado agregó que esto va en línea con otras iniciativas vinculadas a evitar el sobreendeudamiento, y que "marca una orientación de democratizar el crédito, generar mejor educación financiera y tener un sistema financiero mucho más inclusivo".
Por su parte, Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda, aseguró que “cuando esta iniciativa legal entre en vigencia, Chile contará por primera vez con un registro que consolide la información crediticia tanto negativa (deudas impagas) como positiva (deudas pagadas en el plazo convenido), lo que permitirá tanto que las entidades otorgantes de crédito hagan evaluaciones de riesgo integrales y más certeras, como que los buenos pagadores puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento”.
Desde el gremio fintech valoraron la aprobación de la ley. "Chile se pone a la vanguardia de mercados desarrollados, gracias a que con esto se termina la asimetría de información existente entre los oferentes de créditos. Ahora tanto bancos, como empresas fintech y retailers, entre otros dispondrán de un registro de información financiera que les permitirá evaluar con más precisión a un solicitante de préstamos", aseguró José Gabriel Carrasco, presidente de FinteChile.
¿En qué consiste el Registro de Deuda Consolidada?
El Registro de Deuda Consolidada plantea la creación de un sistema oficial centralizado de información que no solo registre las deudas morosas, sino que también reconozca el cumplimiento puntual de los pagos, abarcando un espectro más amplio de obligaciones crediticias, que hasta ahora no estaban integrados en el sistema.
Esta herramienta, que estará bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), busca ser un registro público y gratuito donde tanto entidades bancarias como no bancarias puedan aportar y consultar datos financieros y crediticios de individuos y empresas.
Con esta iniciativa, se busca promover la competencia, facilitando así un acceso más equitativo al crédito en condiciones más favorables para los consumidores.
Asimismo, el expandir el alcance de la información financiera busca mitigar el sobreendeudamiento, fortalecer la educación financiera y mejorar los procesos de fiscalización, fomentando la implementación de políticas públicas más efectivas.
La nueva ley establece que estarán obligadas a reportar a la CMF los créditos vigentes otorgados a personas naturales y jurídicas no solo los bancos, las sociedades de apoyo al giro, cooperativas de ahorro y crédito con más de UF 400.000 de patrimonio, y algunas entidades no bancarias —como sucede actualmente—, sino también agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables; las cajas de compensación de asignación familiar; emisores de tarjetas de crédito fiscalizadas por la CMF; sociedades securitizadoras; entidades de asesoría crediticia reguladas por la Ley Fintech; y cualquier otra entidad fiscalizada por la CMF.
Protección de los datos personales
Durante la jornada de ayer, la Cámara de Diputados respaldó en forma unánime las modificaciones propuestas por la Comisión Mixta en relación con el acceso a la información de los deudores. Así, se estableció que el tiempo de revisión de los datos se limitará a cinco años y que no se podrán consultar las deudas que ya hayan prescrito.
Adicionalmente, las instituciones que deseen acceder al registro de deudores deberán contar con el consentimiento previo y explícito del deudor. Este acceso será permitido únicamente para evaluar el riesgo del deudor por un plazo limitado.
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