La ministra de Hacienda (s), Claudia Sanhueza, valoró esta semana la aprobación en la Cámara de Diputados el proyecto que obliga a las instituciones financieras a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre los saldos en cuentas que registren un movimiento diario, semanal o mensual superior a 1.500 UF ($45,6 millones aprox.).
La autoridad señaló que se trata de un paso fundamental en la lucha contra la evasión y la elusión. En esa línea, Sanhueza destacó que “se trata de un avance significativo al permitirle al SII acceder a información relevante respecto de personas de altos ingresos y así mejorar sus facultades de fiscalización respecto de posibles focos de evasión de impuestos de aquellos que más tienen”.
La iniciativa tuvo 73 votos a favor, 65 en contra y 6 votaciones. El proyecto también fija obligaciones de información que deben proporcionar los contribuyentes respecto de sus inversiones en Chile, en el extranjeros y sobre los trusts u otros instrumentos asimilables que mantengan fuera del país.
“Dotar al Estado de mayores herramientas para el combate contra la elusión y evasión tributaria, principalmente en materia de impuestos personales, es parte fundamental de un país moderno, más desarrollado y con justicia tributaria, puesto que por esa vía se aumenta la recaudación tributaria y con responsabilidad fiscal, lo que se traduce en mayores ingresos para el financiamiento de políticas sociales permanentes, de parte de aquellos que más tienen”, señaló Sanhueza.
Desde el Ministerio de Hacienda explican que estas modificaciones conducen a la norma a una redacción más cercana a la existente antes de la ley N° 21.210 sobre modernización tributaria, que eliminó esta obligación. De este modo, se repone la obligación de los contribuyentes de informar anualmente sus inversiones en el extranjero, independiente del destino de éstas, para verificar el correcto cumplimiento tributario. Adicionalmente, se establece que, en caso de no informar, se presumirá abuso o simulación en caso de incumplimiento (elusión).
¿Por qué informar los saldos de las cuentas al SII?
En el Ejecutivo indicaron que esta moción tiene efectos positivos en políticas públicas, porque permite prevenir y combatir eficazmente los delitos como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, entre otros, siguiendo las recomendaciones de la OCDE.
“Este proyecto no afecta los derechos fundamentales de las personas, puesto que lo que establece es una obligación de informar saldos de cuentas, y en ningún caso movimientos de las cuentas, ya que dicha información, tal como lo establece la legislación actual, solo puede accederse mediante autorización expresa del contribuyente o de tribunales”, dijo Claudia Sanhueza, ministra de Hacienda (s).
Se estableció el deber de reserva del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información que reciben de los contribuyentes. Además, se han tomado los resguardos para proteger la información y su uso en el tiempo, para lo cual se fijó un plazo máximo de 1 año para que el organismo ocupe estos antecedentes que obtiene de las entidades financieras. Una vez que se cumpla su vencimiento debe destruirla.
El proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados en segundo trámite y ahora corresponde que el Senado ratifique las modificaciones introducidas por la Cámara para que se convierta en ley.
¿Qué dicen quienes se oponen a este proyecto de ley?
La iniciativa ha sido criticada principalmente por parlamentarios de oposición. En ese sentido, se plantea la preocupación sobre el tenor de las normas impulsadas.
Algunos diputados han anunciado reserva de constitucionalidad debido a que se vulnerarían derechos como el debido proceso y la privacidad, así como el secreto bancario.
“Una herramienta como esta mal utilizada finalmente podría terminar en que se quiera molestar, dejar en evidencia, llevar a la palestra pública, a un líder gremial, a un líder político, a un empresario afín a otro sector político. Es algo que hemos visto en otros países cercanos”, señaló el diputado Jorge Alessandri (UDI).
En esa línea, plantean que se entregarían antecedentes bancarios a un servicio administrativo -en este caso, el SII- relacionados a contribuyentes que no tienen conocimiento de la medida y sin haber entregado su consentimiento para que ello ocurra. Además, tampoco mediaría una acción judicial que permita resguardar este actuar.
