El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) presentó una demanda colectiva contra Solventa, emisora de la tarjeta de crédito de farmacias Cruz Verde. Esto tras detectar a través de una fiscalización que la empresa realizó gestiones de cobranza extrajudiciales a personas que se encuentran morosas.
La infracción de esta empresa se detectó mientras el SERNAC fiscalizaba al mercado financiero, en particular en cuanto a las prácticas de cobranza.
Entre las infracciones de Solventa se encontraría el eventual hostigamiento a los deudores durante el proceso de cobranza extrajudicial a través de contactos reiterados. También habrían informado de las deudas a terceras personas y efectuaban cobros por gastos de cobranza improcedentes.
Asimismo, con el fin de presionar y amenazar, la empresa informaba a los deudores de las eventuales consecuencias que debería afrontar al estar en los registros de morosos y también sobre eventuales procedimientos judiciales que tendría que asumir, pese a que aún no se habían iniciado.
También aplicaba cobros indebidos a los consumidores en mora, por ejemplo, por gestiones realizadas durante los primeros 20 días de atraso las que, según la ley, no corresponden ya que son a cargo de la empresa. Adicionalmente, el Servicio detectó que los gastos de cobranza no estaban debidamente calculados.
Finalmente, el organismo reveló que Solventa presentaba una serie de cláusulas abusivas que afectaban los derechos de los consumidores en su contrato de afiliación a la tarjeta de crédito Cruz Verde.
El director del SERNAC, Lucas Del Villar, explicó que esta demanda colectiva busca reafirmar un derecho básico de los consumidores como es el respeto y dignidad. “Nadie tiene deudas por gusto y la pandemia ha agudizado esa situación. Una empresa que hostiga, amenaza e informa a terceros de la deuda, no sólo infringe la Ley, sino además profundiza la angustia y la situación del deudor y su familia”, aseguró.
Por otra parte, el organismo también ha registrado un aumento de reclamos por cobranzas abusivas. Así, en 2020 se recibieron cerca de 21 mil casos, y en lo que va de 2021 suman cerca de 10.500. Estos tienen que ver principalmente con hostigamiento, cobro de deudas que no corresponden o acciones que afectan la estabilidad laboral o tranquilidad del deudor como informar la deuda a terceros.
Casos como estos impulsaron la actualización de la ley 21.320, que prohíbe que las empresas de cobranzas acosen a los consumidores, estableciendo que sólo pueden realizar dos contactos a la semana separados por al menos dos días, entre otras medidas.
