El costo económico de la delincuencia en Chile alcanzó US$10.540 millones en 2025, equivalentes al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB), según un informe de CLAPES UC. La cifra es levemente menor al máximo de 2024 (3,16%), pero muy superior al 1,99% de 2013.
El estudio, elaborado por el director alterno de CLAPES UC, Leonardo Hernández, y la investigadora Ignacia Méndez, suma los gastos públicos y privados observables que genera el delito, como guardias, alarmas, cárceles y tribunales. Los autores advierten que es una cota inferior del costo social, porque no incluye cambios de conducta por temor ni daños psicológicos.
Casi todo el aumento se explica por el gasto en anticipación, es decir, el dinero que se destina a prevenir delitos antes de que ocurran. Ese rubro pasó de US$1.627 millones en 2013 a US$6.327 millones en 2025: 3,9 veces más, con un crecimiento real de 12% anual. Así, pasó de representar el 35% al 60% del costo total.
La seguridad privada es la mayor partida individual: se multiplicó casi por ocho, de US$510 millones a US$4.067 millones. A ella se suma el gasto en ciberseguridad de la banca y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que llegó a US$1.571 millones en 2025.
En cambio, los costos de consecuencia (el daño a víctimas y sociedad) y los de respuesta (lo que gasta el Estado en investigar y sancionar) crecieron mucho menos: 52% (3,6% anual) y 23% (1,7% anual), respectivamente.
Si se excluye la ciberseguridad, el costo total igual llega a US$8.969 millones en 2025 (2,57% del PIB), frente al 1,55% de 2013.
El sector privado concentra casi todo el aumento en los costos por la delincuencia
Los costos privados sumaron cerca de US$8.200 millones en 2025 (2,36% del PIB), frente a unos US$2.300 millones de costos públicos (0,67%). Todo el incremento desde 2013 proviene del sector privado, que pasó de 1,21% a 2,36% del PIB, mientras el gasto público se mantuvo estable en torno a 0,74%.
El informe plantea que esta tendencia podría considerarse un impuesto, en el que se privatiza un bien público como la seguridad. Como ejemplo cita la obligación de grabar patentes en espejos, vidrios y lunetas de autos. Añade que el alza podría tener efectos redistributivos importantes, aspecto que no analizó.
El director de CLAPES UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que la delincuencia no es solo un problema policial o judicial, y que sus costos alcanzan incluso a quienes nunca han sido víctimas.
Entre ellos, Larraín explicó que existen "costos directos, como las pérdidas económicas y otros que sufren las víctimas: años de vida perdidos, atenciones de salud y tiempo dedicado a demandar y otros trámites que deben hacerse luego de ser víctima de un delito".
La exministra del Interior Carolina Tohá puso el acento en la prevención. "Es el momento de meterle fuerza y potencia de verdad a los temas de prevención, de niñez, de juventud, de barrios críticos. Hay que meterle cabeza, lucas, innovación y volumen a lo que allí se hace", sostuvo.
Los autores comparan el resultado con estudios de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, que estiman el costo del delito entre 3,5% y 6,8% del PIB. Aclaran, sin embargo, que esos trabajos incluyen muchos más costos intangibles, por lo que la comparación es solo referencial.
