La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, Gastón Saavedra (PS), presentaron indicaciones sustitutivas al proyecto que busca regular las apuestas en línea.
Ambos cuestionan el modelo que permitiría la operación de plataformas privadas bajo un sistema de autorizaciones, aunque plantean medidas y alcances distintos.
Saavedra propone prohibir el funcionamiento de estas plataformas en Chile, salvo las operadas por la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los hipódromos autorizados y los casinos de juego.
Núñez, en tanto, busca reservar la explotación digital de juegos de azar y apuestas a entidades que cuenten con autorización legal, sin abrir un nuevo mercado de licencias para operadores privados.
Cabe recordar que el proyecto en discusión apunta a establecer un marco para autorizar y fiscalizar la actividad. Entre sus objetivos están proteger a los jugadores, prevenir el acceso de menores y las conductas adictivas, combatir el juego ilegal, transparentar el origen y destino de los recursos y contribuir a la recaudación fiscal.
La iniciativa fue aprobada en general por el Senado en agosto de 2025 y continúa en segundo trámite constitucional.
Saavedra cuestiona las indicaciones del Ejecutivo
El presidente de la Comisión de Economía criticó las indicaciones del Gobierno, porque, a su juicio, no protegen suficientemente a las personas frente a la ludopatía y dejan materias relevantes sin regulación.
“Las indicaciones del gobierno al proyecto que busca regular el juego en línea es extremadamente laxa, es permisiva y no protege a las personas de la ludopatía”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó la participación de autoridades en estas plataformas. “No establece situaciones que tenemos que regular, como, por ejemplo, prohibir a ciudadanos que tienen responsabilidades políticas superiores que jueguen en sus casas”, afirmó.
“Hay mucho más que resolver, y en esto no se puede ser tan laxo”, agregó. Saavedra vinculó su propuesta con la necesidad de evitar que el país sea utilizado para canalizar recursos de origen ilícito.
“Si no existe la voluntad de regular, es mejor prohibir, para así tener, entonces, la certeza de que en nuestro país no habrá uso y abuso de dineros mal habidos o de proveniencia de paraísos fiscales. Chile no se puede transformar en eso, en un paraíso fiscal”, señaló.
Su indicación contempla sanciones penales y multas para quienes incumplan la prohibición. También establece obligaciones de bloqueo para proveedores de internet, plataformas de aplicaciones y entidades que procesan pagos. Para las plataformas registradas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), propone un periodo transitorio de hasta 24 meses.
Núñez pone el foco en el crimen organizado
La propuesta de Paulina Núñez apunta a impedir la operación de plataformas ilegales y a perseguir a quienes las administran, financian o promocionan. La senadora advirtió sobre los riesgos de ludopatía, endeudamiento familiar y posibles vínculos con organizaciones criminales.
“Las casas de apuestas en línea no son un negocio inocente. Pueden generar adicción, endeudamiento y consecuencias devastadoras para las familias. Pero también debemos enfrentar otra amenaza: el riesgo de que plataformas ilegales, que operan con estructuras difíciles de identificar y movimientos de dinero poco transparentes, sean utilizadas por organizaciones criminales”, afirmó la senadora RN.
La indicación establece penas que podrían llegar a 15 años de presidio en casos agravados, multas de hasta 10.000 UTM y responsabilidad penal para las personas jurídicas involucradas.
También incorpora como agravante la comisión de delitos mediante organizaciones criminales y el uso de identidades falsas o sociedades ficticias para ocultar a los verdaderos controladores.
Uno de sus mecanismos centrales es un procedimiento judicial para ordenar el bloqueo permanente de sitios web, aplicaciones y otros canales utilizados para ofrecer apuestas ilegales.
La medida podría extenderse a nuevas plataformas creadas para eludir la prohibición. Además, contempla restricciones judiciales sobre servicios de pago y publicidad vinculados a estas operaciones.
“No basta con cerrar una página web si al día siguiente sus responsables pueden abrir otra y continuar recibiendo dinero”, planteó Núñez.
Y agregó: “Necesitamos cortar los mecanismos que permiten sostener estos negocios ilegales, identificar a quienes están detrás y evitar que se conviertan en una herramienta para la criminalidad organizada”.
Núñez cuestionó que la discusión se centre en la recaudación que generaría la legalización de nuevas plataformas: “La seguridad de las personas y la protección de nuestras familias deben estar por encima de cualquier interés económico”.
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