A pocos días de que el Gobierno presente su primer proyecto de Ley de Presupuesto, Hacienda debe decidir dónde pondrá los recursos de 2027. En un contexto en que la tasa de desempleo llegó a 9,5%, mientras la meta fiscal exige reducir el déficit estructural desde el 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) previsto para este año a 1,8% el próximo.
La señal más reciente del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó durante el pasado Chile Day de Madrid: "se puede hacer más con lo mismo". Con esa frase resumió el desafío de un Presupuesto que deberá mostrar las prioridades del Gobierno sin contar con un gran aumento de recursos.
¿Qué es la Ley de Presupuestos?
- La Ley de Presupuestos estima los ingresos del Estado y autoriza sus gastos para el año siguiente. Es la principal herramienta de política fiscal, ya que refleja las prioridades del gobierno en áreas como salud, educación o inversión pública, y debe cumplir la regla fiscal.
- La propuesta la hace el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), y el Presidente la presenta al Congreso a fines de septiembre. Tras pasar por una Comisión Especial Mixta y ambas cámaras, debe despacharse en 60 días; si no, rige la propuesta del Ejecutivo. Los parlamentarios solo pueden aprobar o reducir los gastos, pero no aumentarlos. Entra en vigencia el 1 de enero.
Quiroz había sido más concreto en agosto: "Queremos que el gasto crezca entre 0 y 1% en el próximo presupuesto". Aunque el monto definitivo se conocerá cuando el proyecto llegue al Congreso, importará tanto cuánto se gaste como qué partidas reciban los recursos.
Los economistas consultados coinciden en que el espacio fiscal será estrecho, pero no todos ven el mismo margen para gastar. La pregunta que atraviesa sus respuestas es si Hacienda podrá financiar medidas para generar empleo y evitar que las obras públicas vuelvan a ser la partida que se recorta para cuadrar las cuentas.
El estrecho margen para gastar
"El Presupuesto 2027 se está elaborando desde una posición bastante incómoda para el Ejecutivo: una economía débil, con una tasa de desempleo de 9,5% y un crecimiento que sería inferior a 1% en 2026", plantea Gabriel Valenzuela, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
Además de la debilidad económica, Hacienda debe cuidar la trayectoria de la deuda. La Dirección de Presupuestos (Dipres) proyecta que terminará 2026 en 42,7% del PIB. El Gobierno fijó en 45% el nivel prudente y, si el gasto siguiera la trayectoria ya comprometida sin nuevos ajustes, ese límite se superaría desde 2029.
"El ancla operativa del Presupuesto es la meta de déficit estructural de 1,8% del PIB, pero la cercanía al límite de 45% presiona para no usar todo el espacio disponible", explica Valenzuela. A su juicio, el Ejecutivo podría optar por un crecimiento real del gasto de entre 0% y 1% para frenar el avance de la deuda y recuperar reservas fiscales.
Y agrega: "A esto se suma que los intereses ya absorben 5% del gasto y que un récord de 83% del presupuesto está comprometido por leyes permanentes".
Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), también considera estrecho el margen. "El país necesita volver a encauzar sus finanzas públicas, cumpliendo las metas autoimpuestas en materia fiscal", afirma. Estima que un aumento real cercano a 1% sería consistente con la reducción del déficit comprometida para 2027.
El cobre abre espacio, pero exige cautela
Hay un elemento que podría ampliar el espacio: los comités de expertos fijaron el precio de referencia del cobre en US$5,37 por libra y estimaron en 2,6% el crecimiento tendencial del PIB no minero para 2027. Esos parámetros ayudan a calcular los ingresos considerados sostenibles y, por lo tanto, cuánto gasto permite la regla fiscal.
Jorge Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), calcula en el estudio "Doce claves para abordar el presupuesto 2027" que, con esos nuevos parámetros, un crecimiento real de entre 1% y 2% podría ser compatible con la meta de déficit.
Pero Rodríguez advierte que se necesitaría gastar menos si Hacienda quisiera alejar la deuda del límite prudente o hacer aportes al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este último funciona como una reserva de recursos para enfrentar necesidades extraordinarias.
Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD), advierte que todavía faltan proyecciones completas de ingresos y gastos. "Sin tener toda esta información, es dificil evaluar adecuadamente cuánto espacio adicional tendría el gobierno para gastar", sostiene. Recomienda un aumento máximo de 1% real, e incluso menos, para comenzar a reponer el FEES.
Juan Nagel, economista y director académico del ESE Business School de la Universidad de los Andes, cree que la austeridad también responde a una decisión política. "Este gobierno cree que el orden fiscal es primordial para que Chile vuelva a retomar el crecimiento a mediano plazo. Por lo tanto, no debemos esperar grandes aumentos del gasto público", señala.
La dificultad de responder al desempleo
El problema es que las cuentas fiscales no son la única urgencia. La tasa de desocupación llegó a 9,5% entre mayo y julio, 0,8 puntos porcentuales más que un año antes. En el mismo período disminuyó el número de personas ocupadas, una señal de la dificultad para generar nuevos puestos de trabajo.
Nagel resume la tensión entre ambos objetivos. Sobre un crecimiento del gasto de entre 0% y 1% real, responde: "Sí, es adecuado para la situación fiscal, pero no es adecuado para atenuar la crisis del desempleo". Cuando falta trabajo, explica, el Estado puede contribuir temporalmente mediante proyectos y programas que contraten personas.
El académico de la U. Andes observa que el Gobierno espera que la inversión privada impulse la actividad y la contratación. Sin embargo, advierte que su efecto no es inmediato. "El problema con ese argumento es que las inversiones tardan en materializarse", dice. Una empresa puede anunciar un proyecto este año y comenzar a contratar cuando termine sus permisos y arranque la construcción.
Valenzuela cree que un gasto acotado todavía puede ayudar si cambia su distribución. "En el corto plazo importa más el cómo se gasta que cuánto se gasta", afirma.
A su juicio, el Presupuesto debe proteger la inversión y los programas de empleo, mejorar la ejecución de obras y evitar que los recortes se concentren en regiones. También propone subsidios a la contratación formal y capacitación.
Ortiz comparte el foco en las obras: "El presupuesto de 2027 debe tener un claro objetivo de reactivar la economía, servir en parte de mejorar el decaído mercado laboral". Para financiarlas, propone reducir el gasto corriente, que cubre buena parte del funcionamiento habitual del Estado.
"La pregunta es si solo con medidas administrativas será suficiente para consolidar el ajuste permanente, no solo este año, sino para el año 2027", agrega Ortiz.
García también pide orientar los recursos al empleo. "La Ley de Presupuestos debe orientarse al crecimiento, que es lo que más afecta a las personas actualmente por la vía de las dificultades para encontrar trabajo o para que aumenten los salarios", afirma.
Propone liberar recursos reduciendo gastos administrativos ineficientes, sin desatender a los más vulnerables. "Sin duda que los recursos para los más vulnerables, en momentos de estancamiento económico, también son importantes", plantea García.
El riesgo de recortar obras para cuadrar las cuentas
La preocupación compartida es que la inversión termine pagando el ajuste. A diferencia de muchas obligaciones establecidas por ley, una obra puede retrasarse o ejecutarse por menos dinero que el aprobado. Eso permite contener el gasto durante el año, pero también posterga la contratación de trabajadores. En las regiones afectadas, se retrasan proyectos y servicios que las personas esperan recibir en sus comunidades.
"Con un gasto casi plano, la mayor parte comprometida por ley y un sector salud que sistemáticamente gasta más de lo presupuestado, la presión del gasto corriente tiende a desplazar a la inversión", advierte Valenzuela. Según las cifras que cita, el gasto de capital había caído 14,2% real a julio de 2026.
Rodríguez pone un dato adicional sobre la mesa: en los últimos años, el gasto de capital no ha alcanzado el 90% de ejecución anual. En su estudio advierte: "Un presupuesto con énfasis en inversión es muy bienvenido, pero la pregunta pertinente es si podrá ejecutarse, dada la experiencia reciente". Asignar recursos no equivale a construir las obras, dice.
Nagel cree que el Gobierno debería dar prioridad a actividades capaces de generar puestos sin crear necesariamente nuevos compromisos permanentes. "Sería bueno que se prioricen áreas que sean intensivas en mano de obra, inversiones que generen empleo. Por ejemplo, la construcción de viviendas sociales, o la atención en salud", propone.
Para Valenzuela, el riesgo crece si los ingresos previstos resultan demasiado optimistas. Una recaudación menor a la esperada podría obligar a reducir gastos durante 2027. "Si esos ingresos no llegan, el ajuste a mitad de año volvería a recaer sobre la inversión", advierte. Las obras serían entonces la vía rápida para cumplir una meta fiscal que se volvería más exigente.
Valenzuela también pide evitar que ingresos transitorios del cobre financien gastos permanentes. García propone mejorar la eficiencia de programas para liberar recursos, mientras Ortiz insiste en contener el gasto corriente de manera sostenida. Los tres buscan evitar que el ajuste vuelva a concentrarse en postergar proyectos.
En definitiva, el primer presupuesto de esta administración tendrá dos pruebas, según los expertos. Una será mostrar cómo cumplirá la meta fiscal con supuestos realistas. La otra será demostrar que sus prioridades se reflejan en proyectos y programas ejecutados.
"Si, en cambio, el ajuste vuelve a recaer sobre la inversión, el Presupuesto sería contractivo en el peor momento", concluye Valenzuela.
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