La Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella criminal por lavado de activos y asociación ilícita en contra de los representantes legales de diversos proveedores de servicios de pago (PSP), a quienes acusa de facilitar el funcionamiento de casinos online ilegales en Chile.
Según la acción judicial, presentada por el abogado Isidro Solís, estas empresas permitieron la captación, procesamiento y dispersión de fondos provenientes de apuestas prohibidas por la ley, utilizando el sistema financiero formal para canalizar flujos de dinero tanto dentro como fuera del país.
La querella, ingresada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, apunta directamente a los intermediarios financieros que prestaron servicios de pasarela de pagos a plataformas de apuestas online.
Polla sostiene que estos PSP resultan esenciales para la operación de dichos sitios, ya que sin su intermediación no sería posible recibir depósitos desde cuentas bancarias chilenas, pagar premios a los apostadores ni transferir recursos a los operadores extranjeros que controlan estas plataformas.
En el libelo, la empresa estatal individualiza a Julio César Romero Moraga, en su calidad de representante de ALPS SpA; a Claudio Richard Martínez Palacios y Juan Andrés Ilharreborde Castro, representantes de Nuvei Chile SpA; a Juan Pablo Fuentealba Sánchez, representante de Pronto Pago SpA; y a Rodolfo Vilches Zamora, representante de Kushki.
Asimismo, dirige la acción penal contra Evans Concha Soto y Sebastián Salazar Bastidas, representantes y propietarios de Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA (Pagadoor), y contra Roberto Opazo Gazmuri y Emilio Davio Méndez, representantes de Khipu. Cabe recordar que Sebastián Salazar también es dueño de Estelarbet, uno de los casinos en línea que opera actualmente a nivel local.
Polla solicita que se investigue la eventual responsabilidad penal de estas personas naturales como autores, cómplices o encubridores, además de extender la indagatoria a quienes resulten responsables durante el curso de la investigación. La querella también deja abierta la posibilidad de perseguir responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas, conforme a la Ley 20.393.
Los argumentos de Polla para querellarse contra los PSP
En su argumentación, la estatal recuerda que posee, junto a otras entidades expresamente autorizadas por ley, como Lotería de Concepción, los hipódromos y los casinos regulados, el monopolio legal de las apuestas en el país.
En ese marco, sostiene que las apuestas deportivas y casinos online no autorizados constituyen una actividad ilícita, cuya ilegalidad fue ratificada por la Corte Suprema en fallos anteriores.
La querella detalla que, pese a la prohibición legal, las casas de apuestas online lograron operar durante años en Chile gracias a una infraestructura financiera que les permitió dar apariencia de normalidad a su actividad.
En ese contexto, los PSP habrían cumplido un rol central al ofrecer servicios de iniciación de pagos, débitos directos, enlaces de pago y dispersión masiva de fondos, herramientas que facilitaron tanto la recepción de depósitos de los apostadores como el pago de premios y la remesa de recursos al extranjero. En la práctica, lo que se conoce como servicios de adquirencia transfronteriza.
A juicio de la estatal, los fondos generados se canalizan a través de los PSP locales hacia operadores domiciliados en el extranjero, ocultando o disimulando su origen ilícito.
La querella consigna que estos sitios permiten operar mediante MACH, Webpay de Transbank, pago bancario -el que incluso figura como recomendado-, Khipu, Visa y Mastercard, todos medios de pago que funcionan dentro del sistema financiero nacional y que requieren el ingreso de datos como el RUT y antecedentes bancarios del usuario.
Para Polla, la disponibilidad de estas soluciones refuerza la apariencia de legalidad de una actividad prohibida y demuestra el rol activo de los PSP en la viabilización del negocio.
Según el libelo, una vez inscrito el cliente, tanto los pagos que realiza como los eventuales premios que recibe se debitan o acreditan en cuentas bancarias nacionales, justamente en virtud de las operaciones efectuadas por estas pasarelas de pago.
Lavado de activos y asociación ilícita: Los delitos que Polla les imputa a los representantes de los PSP
En el plano penal, Polla sostiene que la conducta de los PSP encuadra en el delito previsto en el artículo 277 del Código Penal, que sanciona a los “banqueros, dueños, administradores o agentes de casas de juego de suerte, envite o azar, (quienes) serán castigados con reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 11 a 20 UTM”. Incluso precisa que el concepto de "banquero" debe interpretarse de manera amplia y adaptada a la realidad tecnológica actual, abarcando a quienes gestionan electrónicamente la captación de fondos y el pago de premios.
La acción judicial también invoca el delito de asociación criminal, al afirmar que existe una organización estable y jerarquizada destinada a explotar de forma sostenida el negocio del juego ilegal.
Según la querella, esta estructura incluye operadores de apuestas, plataformas tecnológicas, contratos de publicidad y un sistema financiero diseñado para sostener el flujo permanente de recursos. En ese entramado, los PSP actuarían con un rol relevante, ejecutando las instrucciones de los operadores y permitiendo la circulación diaria de dinero.
En materia de lavado de activos, Polla acusa que los fondos obtenidos mediante apuestas ilícitas se procesan a través de estas pasarelas de pago para luego ser transferidos a entidades extranjeras, introduciéndolos en la economía formal con apariencia de legalidad. Además, sostiene que parte de esos recursos se pagan a apostadores locales como premios, pese a provenir de transacciones con objeto ilícito.
Polla solicitó algunas diligencias, entre ellas órdenes de investigar a la Policía de Investigaciones, citaciones a declarar y oficios a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y al Servicio de Impuestos Internos (SII) para recabar antecedentes de los PSP involucrados.
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