La Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó un espaldarazo a las aspiraciones de Metro de Santiago para ingresar de lleno al mercado financiero. Durante la audiencia pública realizada la semana pasada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el organismo concluyó que la nueva Propuesta General de Contratación (PGC) presentada por MetroPago -que actualmente opera con el nombre MetroMuv- mitiga los riesgos para la libre competencia en la prestación recíproca de servicios de recaudación y carga de fondos.
El debate se centra en la consulta presentada por la filial del tren subterráneo para ofrecer sus servicios de carga a otros emisores no bancarios de tarjetas de prepago (como las cajas de compensación o fintechs). La ley exige que Metro ofrezca condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias para permitir que terceros accedan a su red de 143 estaciones, siempre que exista una "prestación recíproca".
El coordinador de la División Antimonopolios de la FNE, Matías Edwards, expuso ante los ministros del tribunal que la versión ajustada del plan, ingresada en noviembre de 2025, subsanó las barreras detectadas inicialmente. Edwards destacó que la propuesta original exigía a los competidores contar con infraestructura física propia para cumplir con la reciprocidad, lo cual excluía a la mayoría de los actores digitales.
Sin embargo, el nuevo texto introduce el principio de "equivalencia funcional", permitiendo que emisores digitales accedan a la red de Metro. "La reciprocidad ya no es una barrera de entrada insalvable, sino que un mecanismo flexible de equivalencia funcional", afirmó Edwards durante su intervención.
"Metro Pago no opera gratis" sobre la infraestructura de Metro
Los abogados de MetroMuv, Álvaro Ortúzar y Sebastián Valdés, socios del estudio Ortúzar, Vergara y Boetsch, defendieron la propuesta argumentando que el mercado de medios de pago cambió radicalmente desde que se promulgó la ley que autorizó a la estatal a emitir tarjetas. Según Ortúzar, la red física de Metro ya no representa la ventaja monopólica que se temía hace una década, dado el auge de las transferencias digitales y la entrada de múltiples actores.
"Hoy día hay un número muy importante de emisores, alrededor de 12 o 13, algunos de los cuales tienen un alto poder de mercado en esta actividad", señaló Ortúzar, quien agregó que "la red o infraestructura física de Metro se encuentra completamente replicada". Para la estatal, la pregunta clave que debe resolver el Tribunal no es cómo prevenir abusos, sino "de qué modo la incorporación de Metro Pago a este mercado inyecta competencia".
Valdés enfatizó que la empresa eliminó la polémica "tarifa recíproca única" y estableció un procedimiento reglado para evitar arbitrariedades. Explicó que MetroPago evaluará las ofertas de otros emisores basándose en si existe un beneficio real para la estatal. "Metro Pago podrá, excepcional y fundadamente, renunciar a exigir la reciprocidad prevista en el artículo 2 de la ley 18.772 cuando acredite que la prestación del servicio u otro servicio propio al giro solicitado genera un beneficio objetivo", aseguró.
Además, el abogado desestimó el argumento de que MetroPago operaría "gratis" sobre bienes fiscales, asegurando que la filial paga un arriendo de mercado a su matriz Metro S.A., contrato que sería fiscalizado como una operación entre partes relacionadas.
En la audiencia, Daniela Severin, abogada del Sistema de Empresas Públicas (SEP), sostuvo que MetroPago es una sociedad anónima y no un servicio público gratuito, por lo que tiene el deber de ser rentable. Severin refutó la idea de que la empresa estatal cuenta con fondos infinitos o gratuitos, recordando que los aportes de capital tienen un costo de oportunidad social. "Un aporte de capital a una empresa que sea elevado puede significar, por ejemplo, que no se construya un hospital", graficó.
Desde el SEP también desestimaron las críticas sobre el uso de infraestructura pública para generar renta, comparando la situación con empresas privatizadas o concesionarias que utilizan bienes nacionales de uso público. Severin concluyó que "la infraestructura de Metro no es una infraestructura esencial que debe estar regulada de manera de dar acceso abierto a todas las partes" de forma gratuita, y sostuvo que "hay otros prestadores que cuentan aún con una red mayor, como Copec".
Críticas por discrecionalidad, tarifas e información sensible
Pese al visto bueno de la FNE, los competidores del sector privado mantuvieron sus reparos. Mastercard, representada por la abogada Daniela León, socia de Estudio Lizana, alertó que la nueva propuesta mantiene un "margen muy amplio de discrecionalidad" para que Metro decida a quién deja entrar a su red.
León criticó duramente el modelo de tarifas propuesto, que no se basa en costos directos sino en un margen de rentabilidad máximo del 19,1%. "A todas luces ese margen es completamente excesivo", sostuvo la abogada, argumentando que la inversión en la red de carga ya fue realizada por el Estado con fines de transporte, no comerciales.
Asimismo, cuestionó que MetroPago pueda dilatar la entrada de competidores al limitar su capacidad de revisión a solo dos solicitudes simultáneas, lo cual generaría "riesgos de dilación" evidentes.
Los abogados de Copec Pay, Diego Ramos y Catalina Sierpe, de Pellegrini & Rencoret, acusaron que Metro busca obtener rentas sobre activos financiados por todos los chilenos, profundizando la asimetría competitiva. Sierpe argumentó que imputar costos de infraestructura a los emisores privados implica que la propuesta está "trasladando a terceros el financiamiento de una infraestructura pública que Metro Pago no desarrolló ni tampoco financió".
La filial de Copec también denunció que MetroPago actuó de "mala fe" al lanzar su tarjeta al mercado y comenzar a operar antes de que el TDLC aprobara estas condiciones, consolidando una posición dominante mientras se tramita la consulta. Ramos señaló que la "equivalencia funcional" sigue siendo un concepto vago y que no existe certeza de cómo se evaluará un servicio digital pequeño frente a la masiva red de estaciones del tren subterráneo.
Por su parte, Coopeuch, representada por Matías Ponce del estudio Bofill Escobar Silva (BES), advirtió sobre un riesgo normativo que podría dejarlos fuera del sistema. La propuesta exige que los contrapartes estén inscritos en un subregistro específico de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Sin embargo, Ponce explicó que Coopeuch, por su naturaleza de cooperativa fiscalizada, no requiere dicho registro, por lo que la redacción actual los excluiría arbitrariamente.
Además, Ponce levantó las alertas sobre el manejo de información sensible. Planteó que al prestar servicios de carga a sus competidores, MetroPago tendría acceso a datos estratégicos sobre los clientes y volúmenes de transacción de otras compañías. Ponce solicitó al Tribunal imponer "murallas chinas" estrictas, ya que la propuesta actual "solo incluye un anexo de confidencialidad pero limitado a la información que se intercambie con los emisores no bancarios durante el proceso de solicitud".
Paralelamente, por medio de un escrito, Mercado Pago valoró la inclusión de la reciprocidad digital y la certificación por terceros, pero alertó sobre nuevos focos de arbitrariedad en la propuesta. La firma cuestionó los conceptos de "beneficio objetivo" e "interés social" que MetroPago utilizaría para aceptar o rechazar solicitudes, calificándolos de opacos y advirtiendo que otorgan a la estatal una potestad discrecional para evaluar a sus competidores, así como los tiempos máximos para la respuesta tras las evaluaciones.
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