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Gobierno mantiene en 35 UF el umbral de restitución a clientes por fraudes bancarios

El Ministerio de Hacienda resolvió no modificar el monto máximo que las entidades deben devolver a los usuarios por fraudes con tarjetas y transacciones electrónicas. La banca lamentó la decisión de la autoridad.
Fraudes
Foto: Archivo Chócale

El Ministerio de Hacienda decidió mantener en 35 UF (poco más de $1.389.000) el umbral de restitución por fraudes asociados a tarjetas de pago y transacciones electrónicas, de acuerdo con lo establecido en la actual Ley de Fraudes.

La decisión se adoptó luego de analizar la evolución de los fraudes financieros tras las modificaciones legales introducidas en 2024, que buscó combatir el sobreendeudamiento y ajustó el régimen de responsabilidad en casos de extravío, hurto, robo o fraude. Según el decreto, aún no existe “una trayectoria suficientemente extensa bajo la nueva regulación complementaria que permita justificar una modificación del umbral de restitución”.

El texto recordó que la ley faculta al Ministerio de Hacienda —previa consulta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y con la firma del Ministerio de Economía— a definir uno o más umbrales, los que no pueden ser inferiores a 15 UF ni superiores a 35 UF. En este caso, la autoridad optó por mantener el máximo permitido por la ley.

Caen las pérdidas por fraude, pero aumentan los reclamos de clientes ante el SERNAC

Entre los antecedentes considerados, un informe de la CMF señaló que “el aumento de los reclamos entre 2023 y marzo de 2024 resultó en un incremento sostenido de las pérdidas asumidas por las instituciones financieras”, llegando a un peak en marzo de 2024, cuando las pérdidas superaron los $70 mil millones. Sin embargo, el mismo informe indicó que “a diciembre de 2024, las pérdidas por este concepto equivalen a menos del 20% de las pérdidas máximas registradas”.

El análisis también destacó un aumento en los recuperos por fraude externo, lo cual, sumado a la entrada en vigencia de nuevas exigencias de seguridad y autenticación reforzada en los medios de pago, llevó a la autoridad a concluir que las medidas habrían comenzado a mostrar resultados.

Por otro lado, según datos del Informe de Sistemas de Pago del Banco Central, el mayor uso de pagos digitales elevó los riesgos de fraude, pero también subrayó que las normas de seguridad dictadas por la CMF deberían contribuir a una disminución adicional de estos delitos.

A eso se sumó la información entregada por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en el marco de la llamada “Agenda Antifraudes”, donde el servicio reportó que durante 2024 recibió 19.834 reclamos por fraudes financieros, un alza de 109% respecto del año anterior.

Asociación de Bancos lamenta decisión de la autoridad y anticipa impacto en los autofraudes

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) cuestionó la decisión de mantener en 35 UF el límite para la restitución de operaciones desconocidas en medios de pago.

Desde el gremio señalaron que la medida no contribuirá a reducir la magnitud de los fraudes ni los montos involucrados, que se mantienen en niveles elevados.

La ABIF recordó que las modificaciones a la Ley 20.009 facultaron a la autoridad para fijar el umbral entre 15 y 35 UF, además de establecer límites diferenciados según tipo de operación, medio de pago y producto.

José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos (Foto: EtM)

A juicio del gremio, la alternativa más efectiva para mitigar los autofraudes era fijar el tope en 15 UF y no mantenerlo en 35 UF, dado su impacto en los incentivos del sistema.

La asociación advirtió que la Ley de Fraudes mantiene distorsiones relevantes en el sistema de pagos. Según indicó, la tasa de este delito hoy es tres veces mayor que antes de las modificaciones de mayo de 2020 y más de 6,5 veces superior a la registrada en la Unión Europea. Además, alertó sobre la persistencia de malas prácticas asociadas a los umbrales definidos en la normativa vigente.

En ese contexto, la ABIF manifestó preocupación por la "inconsistencia de la decisión del Ejecutivo", considerando que la atribución solicitada por el propio Gobierno buscaba reducir los incentivos a los autofraudes.

El gremio concluyó que la decisión de Hacienda y Economía mantiene riesgos y costos para el sistema de pagos, lo que afecta su desarrollo, la inclusión financiera y el acceso de los usuarios a instrumentos seguros y modernos.

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