Tokenización: Una oportunidad para Chile

José Tomás Gutiérrez
Asociado de Aninat Abogados

Chile enfrenta el desafío de no quedarse atrás en la modernización de los mercados financieros. La Ley Fintech, que regula la prestación de servicios financieros basados en tecnología, establece un marco ideal para abordar la tokenización, que se refiere al proceso de convertir un activo real, financiero o incluso un derecho en un token digital que puede ser emitido, transferido y registrado en una infraestructura tecnológica, usualmente en una blockchain o en otro sistema seguro de registros distribuidos.

En otras palabras, la tokenización crea una representación digital de un valor que puede ser intercambiado de forma más eficiente, segura y programable.

El sistema chileno ya reconoce formalmente la existencia de proveedores tecnológicos fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que permitiría ampliar sus atribuciones hacia la representación digital de valores mobiliarios, desde una lógica de innovación responsable.

De esta forma, el regulador se encuentra en una posición propicia para emitir normativa complementaria que habilite la tokenización de activos financieros tradicionales, asegurando la neutralidad tecnológica, la equivalencia funcional y la adecuada protección al inversionista. Ello permitiría que nuestro país se sume a una tendencia global en la que ya participan Argentina, Brasil, Uruguay y la Unión Europea.

La reciente Resolución General N° 1081 dictada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina constituye un hito para las finanzas digitales en la región: establece un marco específico para la tokenización de valores negociables de oferta pública, es decir, su representación digital mediante tecnologías de registro distribuido (TRD). Este avance no solo apunta a modernizar el mercado de capitales, sino que busca generar mayor seguridad jurídica, trazabilidad y eficiencia en la emisión, negociación, liquidación y custodia de instrumentos financieros.

Este nuevo esquema argentino contempla que los emisores de acciones, obligaciones negociables, certificados de depósito de acciones extranjeras (CEDEARS), cuotas de fondos de inversión y fideicomisos financieros puedan optar por una representación digital, adicional a los formatos tradicionales. Todo ello bajo un principio esencial: la equivalencia funcional entre el título digital y el título escritural. En paralelo, se impone a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) la obligación de segregación patrimonial, cumplimiento de estándares internacionales en materia de ciberseguridad y prevención de lavado de activos.

La pregunta inevitable es si Chile podría adoptar un régimen análogo. No es que hoy no sea posible tokenizar activos en nuestro país —de hecho, actualmente se utiliza en algunos productos, incluso para prestar algunos servicios financieros— se trata de aprovechar la oportunidad de estandarizar y dar certezas respecto de la representación digital de valores que históricamente se han encontrado limitados a formatos tradicionales.

La utilidad práctica de esta innovación es evidente, y beneficia a todos los involucrados. Para los emisores, la tokenización ofrece un mecanismo de financiamiento más flexible y eficiente, capaz de abrir espacio a nuevos inversionistas mediante plataformas digitales seguras. Para los inversionistas, en tanto, implica acceso a instrumentos más líquidos y transparentes, con costos de transacción menores y con garantías normativas claras. Y para el regulador, representa una oportunidad para robustecer la supervisión a través de trazabilidad digital y auditorías en tiempo real.

Así las cosas, la experiencia argentina constituye un ejemplo concreto de cómo puede avanzarse en innovación financiera sin sacrificar seguridad ni confianza en los mercados.

Chile tiene hoy la oportunidad de dar un paso similar, utilizando la Ley Fintech como base y consolidando al país como un polo regional de desarrollo de activos digitales. Se trata de una decisión estratégica: adaptar nuestra regulación para no solo acompañar, sino liderar el proceso de transformación financiera que está ocurriendo en América Latina.