Solange Berstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), expuso el miércoles ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados los principales resultados desde la implementación de la ley que regula el pago de pensiones de alimentos.
Cabe recordar que la norma obliga a las instituciones financieras, como bancos, aseguradoras y cooperativas, a consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento (RNDPA). En el caso de que una persona solicite un crédito desde 50 UF y mantenga una deuda, se deberá retener el 50% del monto solicitado.
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En la instancia, Berstein informó que la CMF ha fiscalizado —desde la entrada en vigencia de la ley— más de 3,6 millones de operaciones de crédito otorgadas a personas naturales. En ese marco, se aplicaron retenciones en 3.593 casos por deudas de pensión, lo que permitió transferir más de $5.500 millones a los beneficiarios.
Desde el organismo afirmaron que han cumplido con su mandato legal, supervisando el 100% de las operaciones reportadas y sancionando cuando se han detectado incumplimientos.
"Como es supervisión que podemos hacer en gabinete basándonos en datos, estamos supervisando el 100% de los casos. Todo crédito es supervisado: si la persona estaba o no en el registro, y si corresponde hacer una retención", señaló Berstein.
Berstein responde a la banca: "No se puede cursar el crédito hasta que la consulta sea exitosa"
Desde la implementación de la ley, se han emitido 25 resoluciones sancionatorias contra bancos, aseguradoras, cooperativas, sociedades de apoyo al giro y otras entidades. Estas resoluciones suman multas por 11.937,03 UF, correspondientes a operaciones en las que no se realizó la consulta al RNDPA o no se efectuó la retención de fondos.
Para facilitar la fiscalización, la CMF emitió la Norma de Carácter General N°500, que estandariza el reporte de las operaciones mediante el archivo normativo T01. Con ello, el regulador el regulador garantiza la revisión del 100 % de los créditos informados.
Ahora bien, durante los procesos de descargos, algunas entidades financieras argumentaron haber enfrentado problemas técnicos al consultar el RNDPA a través de las APIs del Registro Civil. Otras señalaron que calcularon los montos considerando cifras netas —descontando impuestos y otros cargos— cuando la ley exige considerar el monto bruto.
"Los principales argumentos de los descargos de los bancos fueron las intermitencias que presentaba el servicio de consulta. El Registro Civil tuvo que hacer un esfuerzo tremendo de implementación, y las intermitencias al inicio fueron mayores que las que hay actualmente", aseguró Berstein.
La presidenta de la CMF sostuvo que, de acuerdo con las sanciones aplicadas, "no se puede cursar el crédito hasta que la consulta sea exitosa y tenga una respuesta".
CMF continuará con la fiscalización
La presidenta de la CMF advirtió que la entidad continuará con la fiscalización, con el objetivo de que las instituciones respeten la normativa y, ante eventuales incumplimientos, se apliquen las sanciones correspondientes.
"Los criterios que deben aplicar las entidades financieras para el proceso de consulta y retención están bien definidos por el supervisor y son claro para todas las partes", dijo Berstein.
En ese sentido, sostuvo que efectivamente puede haber casos de incumplimientos considerando que existen casi 4 millones de operaciones de crédito. La autoridad agregó que "como estamos fiscalizando, tenemos la certeza de que vamos a evitar cuando así ocurra y, por lo tanto, se va a poder subsanar, detectar y sancionar, si es que así corresponde".
Entre las entidades desde la entrada en vigencia de la ley se encuentran BancoEstado, Santander, Consorcio, Banco Ripley, Itaú, Bci, Banco de Chile, Confuturo, BICE Vida, Cooperativa Oriente, Ahorrocoop Diego Portales, Cooperativa El Detallista, Autofin y Santander Consumer, entre otras.
