El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Bernardita Piedrabuena, encendieron las alertas en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados ante el avance de dos proyectos de ley que buscan eliminar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en una serie de contratos, como arriendos, servicios educacionales, salud previsional y créditos hipotecarios.
Durante la sesión de este martes, las autoridades advirtieron que la iniciativa podría generar efectos no deseados sobre el sistema financiero y el acceso al crédito, especialmente en el ámbito hipotecario.
“Creo que no exagero al decir que la eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile”, sostuvo Marcel ante los diputados.
Los proyectos proponen modificar cuatro cuerpos legales para obligar que los pagos de arriendo, las colegiaturas y planes de salud se pacten exclusivamente en pesos. También buscan prohibir que se suscriban nuevos créditos hipotecarios en UF, estableciendo que solo puedan cursarse en moneda nacional.
Marcel: “Sería un terremoto para el crédito hipotecario”
En su presentación, el ministro Marcel explicó que la UF sigue cumpliendo un rol clave en operaciones de largo plazo, como los créditos hipotecarios, y que su eventual prohibición no resolvería el problema inflacionario. “Una economía sana no es una economía 100% indexada, pero tampoco una que renuncie a todos los mecanismos de protección frente a la inflación”, dijo.
A su juicio, si se prohíbe el uso de la UF, los oferentes de crédito buscarían alternativas para cubrirse del riesgo inflacionario, como cobrar tasas de interés más altas, acortar los plazos de los préstamos o recurrir a tasas variables.
“Eso significaría mucho más difícil controlar la variabilidad de los dividendos (…) y desincentivaría la inversión inmobiliaria, afectando la oferta de viviendas”, advirtió.
“El mercado de crédito hipotecario como lo conocemos hoy día, hace 30 años prácticamente no existía”, recordó el ministro. A su juicio, la profundidad alcanzada por Chile en este tipo de financiamiento se explica precisamente por contar con un mecanismo como la UF.
“El crédito hipotecario (en Chile) tiene una profundidad muy superior a la que tienen Brasil, Argentina, Perú, Colombia o México. Esto, en buena medida, tiene que ver justamente con la existencia de mecanismos como la UF, que reducen el riesgo de operaciones de crédito de largo plazo”, indicó.
Hipotecas, arriendos y servicios
Uno de los puntos más sensibles para Hacienda es el impacto que tendría la medida en el crédito hipotecario, ya que afectaría el acceso a vivienda en un contexto de déficit habitacional. “De los cuatro temas que se abordan en estas mociones, este es lejos el más riesgoso y potencialmente más dañino”, afirmó Marcel.
Sobre los arriendos, el ministro puso en duda que se trate de contratos de adhesión. “Son pactados entre partes. Una cosa distinta es que una de ellas tenga mayor poder de negociación”, argumentó. También destacó que muchos arriendos ya se pactan en pesos con reajustes por IPC, lo que confirma que eliminar la UF no eliminaría la indexación por inflación.
En cuanto a la educación, Marcel reconoció que existen distintas modalidades de contrato: algunos fijan una anualidad en UF dividida en cuotas, mientras otros reajustan mes a mes. “Eso requiere un diagnóstico más acabado”, sugirió.
En el caso de salud y previsión social, recalcó que la UF tiene un rol en ambos lados del sistema: encarece algunos planes, pero también protege pensiones y topes imponibles.
La visión de la CMF: mayor riesgo y menor acceso
Bernardita Piedrabuena, comisionada de la CMF, centró su presentación en los efectos financieros que podría tener la moción. Aseguró que “el sistema financiero necesita gestionar riesgos, y el inflacionario es uno de los más importantes”. La UF, añadió, permite precisamente trasladar ese riesgo del banco al deudor de forma transparente, habilitando créditos a 20, 25 o hasta 40 años.
A su juicio, advirtió que eliminar la UF afectará negativamente a "los grupos más vulnerables y segmentos medios (que) van a tener más dificultad para acceder al acceso de financiamiento hipotecario, y genera un desincentivo a los inversionistas a participar en proyectos residenciales, reduciendo la oferta de vivienda".
Piedrabuena también respondió a la consulta del diputado Manouchehri sobre la posibilidad de obligar a los bancos a ofrecer créditos hipotecarios en pesos, de forma alternativa a la UF.
“No soy partidaria de obligar a las instituciones a ofrecer productos bajo ciertas condiciones. Hoy día los bancos lo pueden hacer, y si no lo hacen, es porque estiman el riesgo que eso produce a sus depositantes y a la solvencia del banco, que es lo que a nosotros nos interesa como CMF”, explicó.
Los argumentos de los autores del proyecto
El diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los impulsores de las mociones, defendió la necesidad de limitar el uso de la UF en ciertos contratos, argumentando que existe una percepción extendida de abuso entre la ciudadanía. “Cuando presentamos este proyecto nos hacemos cargo de una sensación de abuso de la gente. Yo creo que es lo que mueve el presentar este proyecto”, planteó.
El parlamentario reconoció que la UF puede ser un mecanismo de protección contra la inflación, pero cuestionó su aplicación asimétrica.
“Pareciera que es una protección ante la inflación para el que cobra. Un ciudadano ve que su sueldo todos los meses es igual. La protección a la inflación no se aplicó para ambas partes, y eso de alguna manera va empobreciendo a la gente”, dijo.
Manouchehri también pidió considerar volver a permitir que los bancos ofrezcan créditos hipotecarios en pesos, para que las personas puedan elegir entre esa opción o uno en UF. “Antes los bancos lo daban. Yo me acuerdo que había bancos que daban la posibilidad de créditos en pesos, pero eso se eliminó y no hace mucho tiempo”, afirmó.
Respecto del mercado de arriendo, el diputado sostuvo que en la práctica muchos de estos contratos operan como contratos de adhesión. “Normalmente la gente mira la propiedad y el contrato es tómalo o déjalo”, señaló. Añadió que el uso de la UF en este ámbito ha sido capitalizado por grandes tenedores de propiedades que poseen cientos de departamentos, y criticó la doble indexación que enfrentan los arrendatarios: “Se genera una suerte de interés sobre el interés que se presta para el abuso”.
La diputada Daniella Cicardini (PS) agregó que el uso de la UF se ha extendido a tal punto que “hasta las escuelitas de fútbol cobran en UF”. Criticó que no existan regulaciones claras sobre su aplicación y planteó que se ha generado una distorsión del uso original del instrumento: “Hay una desigualdad estructural entre quienes fijan precios y quienes solo pueden pagar en pesos”.
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