ProntoPaga, fintech que opera como Proveedor de Servicios de Pago (PSP), presentó una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Mastercard y Transbank, acusándolas de incurrir en prácticas que atentan contra la libre competencia en el mercado de pagos transfronterizos.
La firma solicitó además la aplicación urgente de medidas cautelares para suspender cobros que, según la compañía, amenazan la continuidad de su operación.
Según el escrito, ProntoPaga denunció que ambas entidades infringirían el artículo 3° del Decreto Ley 211 y la Instrucción de Carácter General N°5 (ICG N°5) del propio TDLC. Esto, a través del denominado Programa PIFO (Payment Intermediary Foreign Exchange Operators), impulsado por Mastercard y aplicado por Transbank como licenciatario. La medida impone condiciones comerciales que, a juicio del demandante, “carecen de toda razonabilidad jurídica y/o económica”.
No es la primera vez que un PSP apunta a Mastercard y Transbank la implementación de FIPO. En 2022, PPRO, PayU y dLocal ingresaron escritos similares, aunque la uruguaya también incluyó a Klap en su demanda.
Los argumentos de ProntoPaga contra el Programa PIFO
El documento argumenta que el programa “crea una segmentación artificial, arbitraria y anticompetitiva dentro del mercado relevante geográfico”, lo que genera sobrecostos que superan el 89% y dejan a ProntoPaga en una situación de desventaja frente a sus competidores.
“El Programa PIFO impone un merchant discount que no incorpora los criterios de objetividad, generalidad, transparencia y no discriminación, generando con ello condiciones que incrementan asimetrías de información y otras externalidades que restringen el ingreso y/o retardan la expansión de los proveedores de servicios de pago ('PSP') en el mercado de la adquirencia y subadquirencia de comercios ubicados fuera del país”, señala la demanda.
En el escrito, Evans Concha y Sebastián Salazar, representantes de la compañía, aseguran que se trata de una estrategia para “explotar su poder de mercado por la vía de incrementar precios e imponer condiciones comerciales aprovechándose de su condición de socio comercial inevitable”.
La demanda también plantea que algunos competidores de ProntoPaga —como Dlocal, Ebanx y Paygol— gozan de medidas cautelares decretadas en causas previas ante el mismo tribunal, las cuales les permiten operar sin aplicar el Programa PIFO. Esta diferencia en las condiciones genera, según el texto, una “asimetría” que distorsiona la competencia.
“En los hechos, se ha consolidado un tratamiento diferenciado que genera importantes distorsiones en las tarifas y, por consiguiente, en los costos que cada PSP debe enfrentar”, sostiene la demanda.
ProntoPaga detalla que la implementación del Programa PIFO amenazaría con restringir su capacidad de procesar más de 2 millones de transacciones mensuales en comercios internacionales, afectando directamente su viabilidad financiera y el acceso a pagos de miles de comercios digitales.
La empresa acusa además que solicitó formalmente a Mastercard la suspensión del programa y la entrega de información exigida por la ICG N°5, pero no obtuvo respuesta. “El programa se encuentra en un esquema de transición a partir del cual nuestra representada debe informar cada uno de los aspectos asociados a la implementación y con ello, gatillar la estructura de cobros”, expone el texto.
¿Qué es el Programa PIFO y por qué genera polémica?
El Programa PIFO (Payment Intermediary Foreign Exchange Operator) es un esquema creado por Mastercard que busca regular cómo se procesan los pagos hechos desde nuestro país hacia comercios digitales internacionales, como plataformas de streaming, software o apps.
Juan Andrés Bravo, gerente de Nuevos Negocios de Shinkansen, explicó que “si eres un PSP o adquirente en Chile que ayuda a usuarios a pagar servicios como software, apps o suscripciones internacionales, Mastercard te pide que esas operaciones se clasifiquen como ‘transfronterizas’”. Esto implica nuevas reglas, reportes y costos.
El programa comenzó a implementarse en Chile en 2022 mediante anexos contractuales entre las marcas y los adquirentes como Transbank. Visa también tiene una iniciativa similar, conocida como EMLP (Expanded Merchant Location Program), que persigue los mismos fines. La idea es “asegurar trazabilidad, transparencia y cumplimiento normativo en un ecosistema donde los modelos de negocio se vuelven cada vez más difíciles de encasillar”, dice Bravo.
Desde el punto de vista de Mastercard, a juicio de Bravo, tendría sentido aplicar reglas claras frente a operaciones complejas, donde “el comercio está en una jurisdicción, el adquirente en otra y el usuario en una tercera”, lo que permite mitigar riesgos y dar certeza al sistema.
Pero para los PSP locales, el panorama es diferente. El experto advierte que “la historia es distinta”, ya que alegan que el PIFO “pone barreras innecesarias, encarece el modelo y puede afectar la competencia”, sobre todo para quienes ayudan a los comercios chilenos o a usuarios locales a acceder a servicios globales. De hecho, la situación deja "en el medio" a los adquirentes —como Transbank, Klap, Getnet, entre otros—, ya que deben responder a las exigencias de las marcas de tarjeta.
El debate ya escaló al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en Chile, y también ha generado cuestionamientos regulatorios en Argentina, Perú y Colombia.
