La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) sostuvo una reunión con la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, para advertir sobre los riesgos legales, económicos y reputacionales que enfrentan las empresas que contratan servicios de monitoreo de prensa (clipping) sin contar con las licencias de los medios de comunicación.
Durante el encuentro, la ANP entregó un informe que detalla cómo la contratación de servicios de clipping sin autorización de los medios infringe la Ley de Propiedad Intelectual. En este contexto, el gremio afirmó que estas contrataciones constituyen una apropiación indebida del trabajo periodístico y van en contra de la competencia leal y la ética empresarial.
“El uso no autorizado de contenidos es una vulneración flagrante a la Ley de Propiedad Intelectual N° 17.336. Las empresas periodísticas invierten enormes recursos en generar información de calidad, un activo que está legalmente protegido”, planteó la ANP.
“Una compañía que contrata un proveedor de clipping ilegal se convierte en partícipe de un ilícito y fomenta un mercado que perjudica la sostenibilidad del periodismo, un pilar fundamental para la democracia y la transparencia”, agregaron.
En la reunión participó una delegación de la ANP compuesta por Eduardo Sepúlveda, presidente de la ANP y director de El Líbero; Juan Jaime Díaz, vicepresidente de la ANP; Pamela Castro, vicepresidenta de la ANP y directora de The Clinic; José Luis Santa María, director de la ANP y director de La Tercera; Claudia Chateau, gerenta general de la ANP; Sebastián Zárate, secretario general de la ANP; y Maximiliano Valdés, director de Chócale.
Nuevo escenario legal eleva las sanciones a las empresas que hagan clipping
La ANP advirtió que la entrada en vigencia de la Ley sobre Delitos Económicos agrava el escenario. Esta normativa clasifica las infracciones a la propiedad intelectual como delitos económicos cuando benefician a una empresa, lo que expone tanto a las organizaciones como a sus ejecutivos a sanciones como multas millonarias, la prohibición de contratar con el Estado e incluso la disolución de la persona jurídica.
“No se puede, por un lado, defender la probidad y la ética, y por otro, construir la inteligencia de negocios sobre la base de información obtenida ilegalmente. Es una contradicción insostenible que compromete la integridad y la reputación de cualquier empresa”, advirtió la delegación de la ANP.
La Asociación Nacional de la Prensa reafirmó su compromiso con la defensa del valor del periodismo profesional y llamó al sector privado a alinear sus prácticas con sus valores.
El mensaje y la preocupación expresada por la ANP fue recibida con atención por parte de la presidenta de la CPC, quien valoró la información y se comprometió a analizar detenidamente el tema y a adoptar las medidas que fueran necesarias luego de tal estudio.
