El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó este martes una resolución que modifica la normativa sobre la entrega de boletas electrónicas y comprobantes de pago (conocidos como vouchers) en compras presenciales.
La nueva instrucción deja sin efecto la controversial Resolución Exenta N°12 de este año, que habría significado la salida de circulación de más de 600 mil equipos mPOS debido a la obligatoriedad de imprimir todas las boletas de venta, sin excepción.
La actualización establece que los comercios deberán entregar una representación impresa o virtual de dichos documentos a los consumidores finales.
La resolución establece que, independientemente del medio de pago usado por el cliente (efectivo, transferencia, tarjetas u otros medios electrónicos), el comercio cumplirá con su obligación entregando al consumidor final una representación impresa o virtual de la boleta o voucher.
Flexibilidad para imprimir o entregar boleta digital
La nueva resolución define explícitamente la "entrega de la representación virtual". Esta puede realizarse poniendo a disposición del consumidor el documento electrónico a través de medios como correo electrónico, mensaje SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, fotografía, comunicación de campo cercano (NFC), códigos QR "o cualquier otro medio disponible en el futuro que cumpla similares características".
Es importante destacar que si un comercio opta por la entrega virtual, deberá contar con los medios para visualizar los documentos emitidos, ya sea en el mismo dispositivo de venta u otro medio tecnológico (celulares, sitios web, apps, etc.), para que puedan ser revisados por fiscalizadores del SII en caso de una visita a terreno.
En tanto, la responsabilidad de exigir la boleta o comprobante, ya sea impreso o virtual según la disponibilidad del comercio, recae en el consumidor final.
Las fechas de entrada en vigencia se mantendrán: este 1 de mayo de 2025 para contribuyentes que ya cuenten con dispositivos de impresión. Aquellos que utilicen otros dispositivos (como mPOS o sistemas sin impresora) tendrán plazo hasta el 1 de marzo de 2026 para adaptarse a la obligación de entregar la representación impresa o virtual.
Actualmente, la mayoría de los adquirentes y operadores de pago ya tienen incorporada la solución.
Además, la resolución introduce flexibilidad para los proveedores de medios de pago o de sistemas de boleta electrónica. Aquellos que tengan equipos habilitados para imprimir, pero necesiten realizar adaptaciones para ofrecer la entrega virtual podrán solicitar una prórroga al SII, la cual no podrá exceder del 31 de diciembre de 2025. Durante el periodo de prórroga autorizado al proveedor, los comercios no serán sancionados.
La polémica resolución 12 quedará sin efecto
La Resolución 12 —que ahora queda sin efecto— había generado un amplio rechazo en la industria de medios de pago, fintechs y gremios empresariales.
Argumentaban que la obligatoriedad de la impresión representaba un retroceso en la digitalización, imponía costos adicionales injustificados a los comercios (especialmente a las pymes) y amenazaba la viabilidad de soluciones como los Mobile POS (mPOS) y la tecnología "Tap to Phone", que no cuentan con impresoras integradas.
En febrero pasado, Transbank señaló que la medida contradecía criterios anteriores del propio SII, que en 2022 había confirmado que la impresión era opcional si se cumplían ciertos requisitos. Advirtieron que obligar a imprimir implicaba "incurrir en nuevos y más gastos adicionales injustificados, incluso teniendo que modificar sus sistemas actuales".
Desde SumUp Chile, Sebastián Avilés había calificado la medida como un "desafío para la innovación y la digitalización", que obstaculizaba la integración tecnológica y dañaba la productividad de las pymes.
Nicole Revillot, de TUU, indicó que la norma desconocía "la evolución del comercio hacia soluciones más ágiles, ecológicas y eficientes". Mercado Pago, por su parte, enfatizó que imprimir boletas iba "en contra de los principios" de simplificación, formalización y sostenibilidad.
La preocupación se extendía a la inclusión financiera. Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile, aseguró que la impresión obligatoria generaba "una barrera adicional" para pequeños comercios al forzarlos a adquirir equipos más caros.
María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), alertó sobre un posible aumento de la informalidad si los comercios volvían al efectivo para evitar la impresión. Incluso el sector gastronómico, a través de Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, la calificó como "un retroceso absoluto", cuestionando su necesidad dado que el SII ya recibe la información de ventas electrónicamente.
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