El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) reingresó esta semana, por tercera vez, el reglamento que busca implementar la Ley 21.553, que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros, como Cabify, Uber y DiDi.
El texto —que aún debe ser visado por la Contraloría General de la República— mantiene varios puntos cuestionados por las plataformas, que aseguran que las exigencias normativas podrían afectar a los conductores, reducir la oferta de servicios y vulnerar la protección de datos personales.
La norma, cuya redacción ha tomado más de dos años, establece requisitos específicos para conductores, vehículos y las propias plataformas tecnológicas, conocidas como Empresas de Aplicación de Transportes (EAT). Entre sus disposiciones se contempla la creación de un registro nacional obligatorio para las apps, sus conductores y vehículos; el uso de licencias profesionales; una edad máxima del auto de 12 años; revisiones técnicas semestrales; y un distintivo físico visible en el parabrisas y ventanillas de los vehículos.
Además, exige a las plataformas compartir información con el MTT para fines de fiscalización y control, como la identidad de los pasajeros en caso de delitos. También impone restricciones a la inscripción de nuevos conductores durante los primeros 18 meses desde que entre en vigencia la ley.
Desde Uber reaccionaron con dureza a esta nueva versión del reglamento. Federico Prada, gerente general de Uber Chile, afirmó que “más de dos años ha demorado el Ministerio de Transportes en confeccionar el reglamento para la Ley EAT. Pese a tres intentos para sacar adelante este reglamento, en los que siempre estuvimos dispuestos al diálogo y compartimos múltiples argumentos técnicos, la autoridad ha elegido deliberadamente volver a contradecir la ley, haciendo cambios menores y cometiendo los mismos errores”.
El ejecutivo agregó que la propuesta “nuevamente atenta contra la fuente de ingreso de miles de socios conductores, limitará el acceso a soluciones de movilidad utilizadas en todo el país y pondrá en riesgo la información personal de usuarios y conductores, sin ninguna preocupación por los acuerdos internacionales que Chile suscribe”.
Desde Cabify, en tanto, aseguraron que se encuentran revisando el nuevo documento. “Mantenemos nuestro compromiso de velar por una correcta implementación de la Ley, que garantice la libre competencia y protección de datos personales. Además, reiteramos nuevamente nuestro compromiso con ofrecer un servicio seguro para conductores y pasajeros, resguardando la fuente de ingreso de los miles de conductores que a diario operan con nosotros y ofreciendo un servicio de transporte de calidad para nuestras ciudades y personas”, indicaron.
Los requisitos que estableció la nueva versión del reglamento a las apps de transporte
El reglamento establece que los conductores deberán contar con licencia profesional y no tener antecedentes penales relacionados con delitos sexuales, tráfico de drogas o infracciones graves a la Ley del Tránsito.
Además, los autos inscritos deberán máximo 12 años de antigüedad —para los reemplazos el máximo es de 3 años, aunque se estableció que para la primera inscripción el máximo es de un año—, y cumplir con estándares técnicos como motor de 1.4 litros mínimo o 70 kW si es eléctrico. Esto dejaría fuera a algunos de los modelos más vendidos y usados en las aplicaciones. Además, deben tener cuatro puertas, aire acondicionado, y revisión técnica cada seis meses.
Cada vehículo deberá portar un distintivo físico compuesto por dos láminas: una visible en el parabrisas que señala la patente, y otra en la puerta trasera del copiloto con un código QR que revela los datos del conductor.
En cuanto a las plataformas, deberán acreditar su existencia legal en Chile, especificar las regiones donde operan, detallar sus servicios tecnológicos, y habilitar mecanismos seguros de intercambio de información con el MTT. También se les exigirá mantener registros de usuarios y viajes, e informar toda modificación en sus datos en un plazo de 10 días.
El texto también regula el funcionamiento de los servicios: las aplicaciones deben entregar información detallada del viaje antes de su contratación, incluyendo tarifa fija, peajes incluidos y la ruta estimada. Se prohibirá expresamente los servicios compartidos (carpooling, los que actualmente no se ofrecen en el país) y obliga a disponer de botones de emergencia en la app.
Las críticas de las plataformas de movilidad
Uno de los puntos más controversiales ha sido la entrega de información a las autoridades. Según la ley, las plataformas deben almacenar datos de identidad, domicilio y RUT de los pasajeros, que pueden ser requeridos por el Ministerio Público o policías en caso de delitos. Sin embargo, la norma establece también que las apps deberán implementar una API con información histórica a la que tendrá acceso el Ministerio de Transportes. Para Uber, esta medida “pondrá en riesgo la información personal de usuarios y conductores”.
Según se desprende del reglamento, desde el ministerio podrán tener acceso a datos históricos como información del pasajero y del viaje, como género del usuario, coordenadas de inicio y término de viaje, tarifa, trazado, fecha y hora, entre otros.
"Nada de esto tiene una justificación desde la regulación de transporte, sino que atenta contra la privacidad y el derecho a moverse libremente por el territorio nacional", declaró Alianza In, gremio que reúne a las tres principales plataformas de movilidad del país.
También preocupa la suspensión de nuevas inscripciones de conductores por 18 meses, una vez que entre en vigencia la norma. Aunque la ley permite reemplazar cupos eliminados, las empresas consideran que esto limita severamente el acceso al trabajo mediante estas plataformas.
Muchas personas que trabajan como socio conductor lo hacen por periodos de tiempo que van entre 6 meses y 1 año, ya sea porque están buscando un nuevo empleo o necesitan complementar renta. Además, al establecer cupos por empresas, quienes quieran prestar servicios estarían limitados para elegir la app en la que quieren registrarse.
Las reacciones al reglamento no son nuevas. En octubre pasado, durante el proceso de consulta pública, el gobierno recibió más de 21 mil observaciones de casi 1.700 personas, entre ellas conductores, taxistas, aseguradoras y actores del ecosistema digital.
"Volvemos a señalar que el reglamento no tiene modificaciones sustanciales y, por ende, mantiene los mismos problemas de la versión anterior", señaló el gremio.
Tras su tercer reingreso a Contraloría, el reglamento deberá obtener la toma de razón para entrar en vigencia. Si bien la ley fue promulgada en abril de 2023, hasta ahora no ha podido ser implementada.
En privado, desde la industria de las apps de movilidad han mirado con preocupación cada uno de los reglamentos que el MTT ha presentado. Entre los eventuales impactos se encuentra un menor parque de vehículos que atienden en estas aplicaciones debido a la congelación del parque y mayores exigencias, lo que terminará generando alzas de precios para los usuarios que las utilizan para movilizarse.
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