El Senado aprobó y despachó a ley una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, que busca implementar un sistema de registro de datos de usuarios de servicios telefónicos prepago.
La iniciativa, que recibió 23 votos a favor y ninguno en contra, está lista para su promulgación y tiene como objetivo reducir los delitos relacionados con el uso ilícito de estos dispositivos.
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"Estamos muy contentos con la aprobación de este proyecto de Ley que finalmente lo que busca es hacer que los espacios digitales sean más seguros para todos los usuarios", señaló el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
El ministro también indicó que esta iniciativa forma parte de la agenda de seguridad del gobierno.
El nuevo registro de usuarios
El registro incluirá información detallada sobre los usuarios. Al momento de adquirir una línea de prepago, se solicitará el nombre completo, el domicilio y el número de cédula de identidad o pasaporte de la persona.
Asimismo, se requerirá la identidad internacional del equipo móvil (IMEI), el número de estación móvil de la red digital de servicios integrados (MSISDN) y la identidad internacional del abonado móvil (IMSI). La normativa también establece que las empresas de telecomunicaciones deberán financiar un sistema de bloqueo de dispositivos robados, hurtados o extraviados.
“Con esta Ley, las llamadas que una persona reciba estarán asociadas a una identidad, tendrán un dueño. Lo que facilita la persecución de eventuales delitos, que hasta ahora no era posible con los números de prepago”, comentó el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.
Además, la normativa penaliza la adulteración de los códigos IMEI (International Mobile Equipment Identity) con presidio menor en su grado mínimo y multas de 11 a 15 unidades tributarias mensuales (UTM).
Cabe recordar que los códigos IMEI son números únicos de 15 dígitos que permiten la identificación exclusiva de un celular. Gracias a este código, es posible rastrear y gestionar dispositivos en caso de hurto. La adulteración de estos, implica ocultar la identidad del dispositivo para vender u ocupar teléfonos robados.
Asimismo, se establecen garantías de privacidad para proteger los datos personales de los usuarios, restringiendo su utilización a los fines previstos por la ley. La información almacenada podrá ser conservada únicamente durante un máximo de cinco años.
¿Cuándo entrará en vigencia la iniciativa?
Con la aprobación y despacho de la ley por parte del Senado, solo queda esperar su publicación en el Diario Oficial.
Una vez publicada, se otorgará un plazo de seis meses para definir los detalles técnicos y proceder con su implementación. Esto incluirá la creación de las condiciones necesarias para identificar posibles duplicaciones de datos, como el IMEI o el número de teléfono, entre otros aspectos de individualización, con el fin de asegurar que las compañías de telefonía cumplan con lo establecido por la ley.
