El Comité de Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio sorprendió al anunciar la postergación de la reducción en las tasas que debía aplicarse a partir de octubre de 2024.
Esta medida afecta a los pagos con tarjetas de débito, crédito y prepago, cuyas tasas se mantendrán en 0,50%, 1,14% y 0,94%, respectivamente, en lugar de bajar a 0,35% para débito y 0,80% para crédito y prepago, como se había previsto. La decisión generó una oleada de reacciones de actores del ecosistema de medios de pago, quienes critican la falta de certeza y la fuerte influencia de la banca en la determinación de la medida.
La decisión fue dada a conocer solo horas antes de que la nueva regulación entrara en vigencia. La postergación forma parte de un proceso de revisión de las tasas de intercambio, el cual incluye un período de 45 días hábiles para que los emisores, operadores y otros actores del mercado presenten sus opiniones y propuestas.
Desde el gremio fintech, las críticas no se hicieron esperar. FinteChile, que agrupa a startups y actores del sector, lamentó la decisión y advirtió sobre los efectos negativos en la competitividad del mercado.
“La postergación tiene impacto en fintechs, pymes, startups y diversas empresas que dependen de un marco regulatorio predecible para optimizar sus operaciones y continuar innovando. La certeza regulatoria es fundamental para que estas empresas puedan tomar decisiones informadas y contribuir al crecimiento económico y a la inclusión financiera en el país”, señaló la organización en un comunicado.
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) fue consultada para este reportaje, pero no respondió al requerimiento de este medio. Sin embargo, Luis Opazo, gerente general de la ABIF, señaló a Diario Financiero que la decisión “es valiosa porque implica el ejercicio de sus atribuciones con el objetivo de lograr una decisión técnica, en un procedimiento adecuado y con participación de los interesados, que promueva el correcto funcionamiento del sistema de pagos".
Incertidumbre y acusaciones de lobby
Matías Spagui, director Senior de Mercado Pago Chile, expresó que “esta revisión introduce incertidumbre innecesaria en el mercado, afectando tanto a los usuarios como a las empresas que operamos bajo un marco de reglas claras. Además, el hecho de que el anuncio se haya realizado a tan solo horas de la ejecución del calendario, revela una desprolijidad que afecta directamente a los consumidores, pequeños negocios y a quienes dependen de un ecosistema financiero ordenado”.
Un punto recurrente en las críticas ha sido la influencia de la banca tradicional en la decisión del Comité. Más tarde, el propio Spagui —en una publicación de LinkedIn— señaló que la medida de postergar la baja de tasas se tomó bajo presión de la industria bancaria, lo que va en contra del objetivo de fomentar la competencia en el sistema financiero.
“La industria bancaria tradicional no está dispuesta a competir en los méritos y busca influir en la regulación del sistema financiero”, escribió, acusando a los bancos de utilizar el lobby para frenar el avance de la inclusión financiera.
Por su parte, Roberto Chame, quien fue fundador de Redelcom —luego la vendió a Mercado Pago—, fue uno de los más duros críticos.
“Me parece una vergüenza que cuatro días antes de que se instauren las nuevas tarifas exista alguna modificación. Había una planificación”, comentó. Chame subrayó que los comercios son los más perjudicados por esta decisión, ya que la baja en las tasas habría permitido a muchos acceder a un sistema de pagos más seguro y eficiente. “Curioso, los bancos son los que pidieron que la tasa se mantenga en los niveles que están”, agregó.
"Si queremos ser un país a la vanguardia de los temas regulatorios, el hecho de que exista una modificación intempestiva, con dudosas facultades legales, y producto del lobby de una industria históricamente concentrada, va en una dirección opuesta", aseguró.
El voto disidente de la FNE
Julie Massmann, representante de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el Comité, fue la única integrante que votó en contra de la postergación, argumentando que la medida carecía de justificación técnica y afectaba a los segmentos más vulnerables, como pequeños comercios y consumidores. En su voto disidente, Massmann también criticó la falta de antelación con la que se tomó la decisión, afectando la certidumbre del mercado.
"La decisión de mayoría no distingue entre efectos relacionados con la actividad bancaria en general respecto de aquellos que afectarían específicamente a los diferentes productos sujetos a la tarificación de TI, a saber, tarjetas de crédito, débito y prepago", señaló.
Incluso, aseguró que en su opinión el Comité no contaría con facultades para suspender o establecer medidas provisionales que modifiquen el calendario de baja de tasas de intercambio anunciado en febrero de 2023.
Finalmente, Massmann sostuvo que no se contó con un estudio de impacto de la primera rebaja de TI y que la información provista en el contexto de las reuniones de lobby —en la que participaron 15 actores de la industia— fue “parcial” y que "no ha podido ser verificada a esta fecha".
