El gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone una reforma estructural al sistema de isapres.
La iniciativa tiene como objetivo central la eliminación de las preexistencias y de las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud, permitiendo una mayor movilidad de los afiliados y fijando una tarifa plana para todos.
La propuesta forma parte de los compromisos adquiridos durante la discusión de la ley corta de isapres, aprobada en mayo de 2024, y responde al fallo de la Corte Suprema que cuestionó la actual tabla de factores utilizada por las aseguradoras privadas.
El proyecto, que consta de 247 artículos y cuatro disposiciones transitorias, incluye una serie de modificaciones que apuntan a "eliminar las enfermedades o condiciones preexistentes", así como a suprimir las discriminaciones en la afiliación a las instituciones de salud previsional (isapres) y en los beneficios que otorgan los planes de salud. Además, propone la creación de un plan común de salud con tarifa plana, que será ofrecido por todas las isapres.
Fin a las preexistencias y discriminación
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la eliminación de la figura del "cotizante cautivo", aquellos afiliados que, debido a condiciones de salud, edad o sexo, se veían imposibilitados de cambiar de aseguradora.
Según el documento, las isapres ya no podrán negar la afiliación a personas con enfermedades preexistentes ni requerirles información sobre su estado de salud al momento de contratar un plan de salud.
Además, se prohibirá la aplicación de exclusiones o periodos de carencia por condiciones de salud preexistentes.
El texto también establece que las discriminaciones por edad y sexo, actualmente presentes en la tabla de factores que utilizan las isapres para fijar los precios de los planes de salud, serán eliminadas. "Para dejar atrás un sistema en donde las personas pagan una prima que tenga relación con su riesgo, es fundamental la adopción de una tarificación plana", señala el proyecto.
Plan común de salud y fin a los beneficios adicionales
El proyecto propone la creación de un plan común de salud, que será el único producto que podrán ofrecer las isapres y que tendrá una cobertura estandarizada.
Este plan incluirá las prestaciones contempladas en la modalidad de atención institucional y de libre elección del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), además de las garantías explícitas en salud (GES), una cobertura adicional para enfermedades catastróficas y atenciones de emergencia.
La prima que cobrará cada isapre por el plan común será la misma para todos sus afiliados, sin distinciones de edad, sexo o estado de salud.
"La idea es mancomunar los riesgos entre todos quienes paguen la prima", explicó el Ejecutivo, añadiendo que el objetivo es facilitar el acceso a la salud para personas de mayor riesgo, como adultos mayores y enfermos crónicos, que actualmente enfrentan mayores dificultades para acceder a planes de salud privados.
En todo caso, según el planteamiento del gobierno, la idea es que la tabla de factores subsista en los contratos de aquellas personas afiliadas que a la fecha de entrada en vigencia del plan común de salud deseen permanecer en aquel, pues el cambio a este plan será voluntario.
"No obstante ello, con la entrada en vigencia del plan común de salud, todos los nuevos contratos deberán regirse bajo dicha regulación, es decir, una prima plana determinada por cada Isapre", dice el proyecto presentado por el gobierno.
Además, se prohibirá a las isapres ofrecer beneficios adicionales a los definidos en el plan común de salud. "Se evita que persistan espacios propicios para la discriminación dentro de la seguridad social", dice el proyecto.
Desafíos en la discusión
A pesar de los avances que propone la iniciativa, su discusión en el Congreso no será sencilla. El proyecto ha generado controversia, principalmente por la ausencia de un fondo de compensación entre isapres, una recomendación realizada por el Comité de Expertos del Senado.
Este fondo, que no fue incluido en la propuesta del Ejecutivo, busca recolectar los aportes de los planes de salud y redistribuirlos entre las aseguradoras que atienden a pacientes más costosos, reduciendo así los incentivos de las isapres para seleccionar solo a personas saludables.
Sin embargo, el proyecto sigue siendo una medida clave dentro de las reformas del sistema de salud chileno. Además de esta iniciativa, el gobierno ingresará otros proyectos enfocados en fortalecer Fonasa y la Superintendencia de Salud, así como en reformular el sistema de licencias médicas.
El proyecto de ley comenzará su discusión en las próximas semanas en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se anticipa una ardua revisión de sus 247 artículos. Por ahora, el Ejecutivo ha mostrado disposición para dialogar con todos los sectores políticos y sociales, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita avanzar en los cambios estructurales necesarios para el sistema de salud privado en Chile.
