Durante el año 2022 ingresaron 3.683 casos en los distintos procedimientos concursales bajo el alero de la Ley 20.720 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir). Un 40% de los procesos corresponden a la Región Metropolitana (1.472), mientras que el 60% es del resto de las regiones del país (2.211).
Se registraron a nivel nacional 288 Renegociaciones de Personas Deudores y 3.395 procedimientos judiciales. Estos últimos corresponden a 2.306 a Liquidaciones de Bienes de Personas Deudoras, 52 Reorganizaciones de Empresas Deudoras y 1.037 Liquidaciones de Empresas.
La ley regula dos alternativas para personas:
- Renegociación, que es un procedimiento administrativo y gratuito, facilitado por la Superir y que tiene por finalidad pactar un nuevo acuerdo para el pago de todas las deudas.
- Liquidación de Bienes, que es judicial, busca la venta rápida y eficiente de los bienes de la persona, con el objeto de pagar a sus acreedores.
El pasado año 288 personas renegociaron sus deudas, el 54% corresponden a hombres, mientras que 46% fueron mujeres. Las regiones con mayor número de procedimientos son la Región Metropolitana 102; Valparaíso 27; O´Higgins con 19; y en Coquimbo 17.
Igualmente, hubo un incremento de procedimientos solicitados en este ítem de un 55%, en comparación al 2021 (186).
En cuanto a las Liquidaciones de Bienes, se acogieron 2.306 solicitudes en tribunales, 1.502 (65%) fueron iniciados por hombres y 804 (35%) por mujeres. Con ello, existió una variación negativa de -35% en el mismo periodo del año 2021 (3.522).
Además, se identificó que a nivel país, las regiones con mayor número de Liquidaciones fueron la Región Metropolitana 805; Biobío con 343; Valparaíso con 210; y La Araucanía con 161 procedimientos.
Situación de las empresas deudoras
La Ley de Insolvencia también establece dos procedimientos para las empresas. Si la empresa es viable, puede reorganizarse y proponer a sus acreedores un acuerdo para el pago de sus deudas, permitiéndole seguir funcionando.
En cambio, si no es viable económicamente, se liquida y realiza la venta eficiente de sus bienes con objeto de cumplir con sus acreedores y trabajadores.
Se solicitaron 52 Reorganizaciones, un 63% más de ingresos que el año 2021 (32), de los cuales el 69,2% corresponde a la Región Metropolitana y un 30,8% al resto de las regiones. En cuanto al tamaño de la empresa, según criterios utilizados por SII, la mayoría eran Grandes Empresas con un 50%, un 13% Medianas, un 2% Microempresas y 17% Pequeñas.
Respecto a las Liquidaciones de Activos de Empresas, 1.037 solicitudes se iniciaron el 2022, mientras que el 2021 alcanzaron a 1.477 (-30%), concentrándose el 51% en la Región Metropolitana y el 49% en el resto del país. El 30% corresponde a Pequeñas Empresas, 13% a Microempresas, un 11% a Medianas y 8% son Grandes Empresas.
Del total de Liquidaciones de Activos, 717 procesos fueron de empresas y 320 de Contribuyentes de Segunda Categoría.
¿Qué dice la ley de insolvencia?
La Ley entiende la insolvencia bajo el prisma del reemprendimiento, vale decir, como una oportunidad de aprendizaje y mejora para la empresa o persona que falló económicamente, evitando el estigma.
Al respecto, el Superintendente del ramo, Hugo Sánchez, manifestó que “tanto en las Liquidaciones de Bienes y Liquidaciones de Empresas, vimos una caída persistente en las solicitudes. Y, por otro lado, el aumento de las reorganizaciones entre las empresas y el incremento en el número de renegociaciones de personas fue un resultado bastante positivo”.
“Queremos que las personas tiendan a mirar la insolvencia no como algo negativo, sino como una oportunidad para aprender a enfrentar una situación de sobreendeudamiento, utilizando las vías formales de solución y así volver a reemprender”, puntualizó.
Por otro lado, datos suministrados por la Superintendencia dan cuenta que entre enero y diciembre 2022, se realizaron más de 8 mil atenciones ciudadanas, 4.272 (53%) vía telefónica y 3.939 (48%) presenciales a nivel país.
Durante el primer semestre del presente año se esperan cambios en la normativa, tras la aprobación por unanimidad del Congreso que despachó a Ley la iniciativa que moderniza los procedimientos concursales.
